El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones para funcionarios al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En esta ocasión, los designados fueron: el comisionado Ramón Avellán, jefe policial en el departamento de Masaya, el magistrado Lumberto Campbell, presidente interino del Consejo Supremo Electoral, y al presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS), Roberto López.
A las fichas del orteguismo las ubican como perpetradores de violaciones de derechos humanos, ejercidas a través de estas instituciones del Estado, durante el estallido social en abril de 2018, además de estar envueltos en la corrupción del Seguro Social, misma que provocó el descontento de los estudiantes que se rebelaron contra el dictador y su mala administración.
«La Medalla Ramón Antonio Avellán está siendo designada por ser un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua, y por ser el Director General Adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, actos significativos de violencia o derechos humanos. abuso contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018».
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Avellán es señalado de dirigir la represión en la ciudad de Masaya que dejó más de 30 personas asesinadas a manos de la Policía orteguista y grupos paramilitares al servicio del régimen.
«Lumberto Ignacio Campbell Hooker es el presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), y está siendo designado por ser un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua (…). El CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN», señala en su comunicado el gobierno norteamericano.
El Departamento del Tesoro estadounidense señala en su comunicado que esta acción fue tomada por la represión que continúa ejerciendo el régimen contra el pueblo de Nicaragua. «Se dirige a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales; quien manipula las elecciones; y quienes abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción»
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El último sancionado es Roberto José López Gómez, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). «Una entidad que ha realizado o cuyos miembros han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de, o relacionado con el Gobierno de Nicaragua, o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno».
La medida impuesta por Estados Unidos permite bloquear todos los bienes e intereses que poseen estos individuos en territorio norteamericano, como propiedades o cualquier entidad que sean dueños. «Esto deberá ser reportado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)».
Y esa lista debe engrosarse con los nombres de todos los corruptos magistrados mafiosos de la corte Injusticias, todos los diputados son delincuentes socios y complices de los asesinos y criminales violadores de derechos humanos.
Si lo dice el Juez, el dueño de la verdad absoluta, así será