La organización internacional Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado a la Unión Europea (UE) para que finalmente aplique el marco de sanciones contra el dictador Daniel Ortega y cuatro jefes policiales, a quienes señalan de haber dirigido la brutal represión y asesinatos en contra de los nicaragüenses durante las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. La lista incluye al comisionado Ramón Avellán y a la exdirectora de la institución, Aminta Granera.
“La Unión Europea y sus Estados miembros deberían actuar con urgencia aplicando el marco de sanciones que adoptó recientemente para imponer sanciones dirigidas contra el presidente Daniel Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses responsables de graves violaciones de derechos humanos”, se lee en el sitio web oficial del organismo internacional.
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El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, insistió en que la UE debería de actuar “sin demoras” en la aplicación de estas sanciones a funcionarios responsables de graves abusos. “La presión es crucial para prevenir más abusos y asegurar que se haga justicia por actos que constituyen graves delitos conforme al derecho internacional”,
La UE debe sancionar a autoridades nicaragüenses por graves abusos https://t.co/oaqYi3CL4e
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) October 22, 2019
En junio de este 2019, el diplomático presentó un informe donde deja en evidencia las violaciones a los derechos humanos que han sufrido los nicaragüenses desde abril del año pasado. Esto incluye asesinatos, torturas, detenciones ilegales y más de 80,000 personas en el exilio.
NUEVO INFORME
El régimen de Nicaragua ha torturado y procesado arbitrariamente a numerosos críticos.
La única forma de contrarrestar estos abusos generalizados es con sanciones individuales y una exigencia internacional de que haya justicia.
Informe: https://t.co/7uaq3rWofT pic.twitter.com/SzsQaFH1AB
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) June 19, 2019
Artículo 66 le detalla quiénes son los candidatos a sanciones y el impacto que pueden tener en caso que sean aplicadas.
El dictador y jefe supremo de la Policía, Daniel Ortega, lidera la lista de los posibles sancionados. Ortega es señalado por organismos internacionales de derechos humanos de ser perpetrador de los crímenes de lesa humanidad.
El comisionado Ramón Avellán está plenamente identificado como el ejecutor de los ataques de la Policía orteguista y grupos paramilitares contra el pueblo de Masaya, durante la crisis sociopolítica.
A la lista se suma la excomisionada de la Policía, Aminta Granera, quien fungió como directora de esa institución hasta abril de 2018, poco después del estallido social. Granera se fue de la Policía bajo un clima de incertidumbre, desde su renuncia no se le vio en lugares públicos, durante meses calló las graves violaciones cometidas por el régimen.
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Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, fue ascendido a comisionado por el “eficiente” trabajo represivo que ejecuta desde “El Chipote”, la cárcel de tortura hasta donde fueron llevados miles de ciudadanos, quienes han denunciado que en esa prisión fueron sometidos a brutales golpizas, torturas, abusos sexuales y secuestros.
Jaime Vanegas. Este jefe policial ha cobrado notoriedad porque es el designado para leer las notas de la Policía en las que rechaza las solicitudes de permisos que han presentado los diferentes movimientos sociales para realizar marchas en protesta contra la dictadura orteguista.
Por último, aparece Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), esta dependencia policial es señalada de dirigir la mayoría de asesinatos en abril de 2018, principalmente en la denominada “Operación limpieza”, donde se registraron varios muertos en diferentes puntos de Nicaragua.
Las protestas iniciadas en abril de 2018 dejaron al menos 328 personas fallecidas, unos 4 mil heridos, 80 mil exiliados y cientos de capturados que la dictadura liberó recientemente mediante una Ley de Amnistía aprobada por la aplanadora orteguista en la Asamblea. La oposición y diferentes movimientos sociales reclaman la liberación de más de 80 personas que continúan detenidas y son consideradas presos políticos.
Es una lista corta, pero por algo de empieza, hay que sancionar s toda la familia Asesina y Criminal Genocida. Y los gerarcas del ejército cuando serán tocados. También sin Asesinos y Criminales o ya olvidamos a los campesinos que han sido Asesinos por ellos?