La tarde de este jueves, 11 de julio, se conoció que los senadores de Estados Unidos Ted Cruz y Bob Menendez enviaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitando nuevas sanciones a Daniel Ortega, la exdirectora de la Policía Aminta Granera y cuatro jefes policiales que se han encargado de dirigir la represión, los asesinatos y asedios en contra de los nicaragüenses. Artículo 66 le detalla quiénes son los próximos candidatos a sanciones y el impacto que pueden tener en caso que sean aplicadas.
Perfil de los posibles sancionados por Estados Unidos
El dictador y jefe supremo de la Policía, Daniel Ortega, lidera la lista de los posibles sancionados por Estados Unidos. Ortega es señalado por organismos internacionales de derechos de ser perpetrador de crímenes de lesa humanidad, en contra de los nicaragüenses, desde las protestas iniciadas en abril de 2018. Ortega es quien dirige a todos los órganos de represión en Nicaragua como la Policía, el Ejercito y los grupos de paramilitares.
El comisionado Ramón Avellán está plenamente identificado como el ejecutor de los ataques de la policía orteguista y grupos paramilitares contra el pueblo de Masaya, durante la crisis sociopolítica. Ha sido el responsable de las múltiples agresiones recibidas al padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel, de esa ciudad. Avellán ha liderado el asedio en contra de los excarcelados políticos, como también de las constantes detenciones ilegales realizadas en los últimos días. Avellán es uno de los brazos represores del orteguismo, que dejó al menos 37 personas asesinadas en Masaya.
Noticia relacionada: Senadores de Estados Unidos piden más sanciones contra Daniel Ortega y…
A la lista se suma la excomisionada de la Policía, Aminta Granera, quien fungió como directora de esa institución hasta abril de 2018, poco después del estallido social. Granera se fue de la Policía bajo un clima de incertidumbre, desde su renuncia no se le vio en lugares públicos, durante meses calló las graves violaciones cometidas por el régimen. Granera no se dejó ver, hasta el seis de julio, durante el repliegue que el orteguismo realizó con una caravana hacia Masaya. En una fotografía se aprecia a la excomisionada, tirándole besos al dictador Ortega y su mujer Rosario Murillo, mientras estos se trasladaban en bus.
Expertos en seguridad aseguran que Aminta Granera podría ser sancionada específicamente por casos de corrupción y no por violación a los derechos humanos, pese a que bajo su mandato se perpetraron las primeras muertes en abril de 2018, previo a su renuncia.
“La responsabilidad de la Aminta en la represión, en las masacres en las manifestaciones fue una participación limitada, por eso se le sanciona específicamente por actos de corrupción. La sanción es más política porque en el mandato de ella, que fueron dos períodos continuos, es decir 10 años, la policía se descompuso y fue cooptada políticamente por el presidente la República”, afirmó un periodista que conoce sobre la institución policial y que aceptó hablar en condición de anonimato.
Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, fue ascendido a comisionado por el eficiente trabajo represivo que ejecuta desde “El Chipote”, la cárcel de tortura hasta donde fueron llevados miles de ciudadanos, quienes han denunciado que en esa prisión fueron sometidos a brutales golpizas, torturas, abusos sexuales y secuestros. “El jefe de El Chipote será sancionado por razones obvias, porque ha sido un centro de torturas brutales contra miles de nicaragüenses”, expresó la exguerrillera Dora María Téllez.
“La Policía fue desnaturalizada de su función y se ha convertido en un aparato de seguridad del régimen, ni siquiera en una policía orteguista, yo estoy en contra de que se le diga policía orteguista, porque el término Policía involucra protección y aquí no hay protección, la policía no protege a nadie, lo que se convirtió es en una guardia orteguista”, recalcó el reportero consultado.
Noticia relacionada: Policía tortura a taxista de Masaya y lo deja libre seis días después
El siguiente propuesto por los senadores norteamericanos es el inspector general de la Policía, Jaime Vanegas. Este jefe policial ha cobrado notoriedad porque es el designado para leer las notas de la Policía en las que rechaza las solicitudes de permisos que han presentado los diferentes movimientos sociales para realizar marchas en protesta a la dictadura orteguista. Además se ha negado a recibir las denuncias presentadas por la ciudadanía contra los abusos policiales y de grupos paramilitares, pero ninguna ha prosperado.
Por último, aparece Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), esta dependencia policial es señalada de dirigir la mayoría de asesinatos en abril de 2018, principalmente en la denominada “Operación limpieza”, donde se registraron varios muertos en diferentes puntos de Nicaragua. La DOEP posee las armas de guerra con que asesinaron al menos a 325 ciudadanos.
En la mira a tres funcionarios de “La Modelo” y la cárcel de mujeres
De igual manera, los altos funcionarios norteamericanos destacaron que tienen información de tres oficiales del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo” , de ser cómplices de la muerte del ciudadano estadounidense Eddy Montes; asesinado a balazos por un custodio, el 16 de mayo, y del cual no se ha hecho ninguna investigación.
Los señalados son: El director general del Sistema Penitenciario Julio Guillermo Orozco, el director de “La Modelo”, Tipitapa, Darling Morales Duarte; y el director de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario, Donald Pérez Garay.

Estos tres carceleros del régimen fueron ubicados en la lista de posibles sancionados, directamente por estar implicados en el asesinato del preso político Eddy Montes. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado, explicó que ella acompañó a la hija de Montes a interponer la denuncia contra los funcionarios del penal, en la Fiscalía General de la República, porque “la Ley 745, Ley de Control Jurisdiccional de las sanciones penales, en su artículo 70 dice que en caso de fallecimientos de privados de libertad, la administración penitenciaria informará a lo inmediato a la Procuraduría de Derechos Humanos y a juez competente”.
La defensora Prado argumentó, que el Código Penal además establece que “un delito se comete no solo por acción, sino por omisión” y que al omitir la información y actuar con hermetismo, estos funcionarios bloquearon la posibilidad de que la familia conociera con transparencia las circunstancias de la muerte de Montes, quien además era ciudadano norteamericano y había sido encarcelado por apoyar las protestas en Matagalpa.
El exreo político Yubrank Suazo identificó a uno de lo jefes del penal, quien dirigía las torturas, mandado expresamente por el director Julio Guillermo Orozco. “El que nosotros teníamos contacto directo, quien se encargó de las torturas físicas que recibimos es Roberto Guevara, director de la 300. Este señor nos prohibía que se nos abrieran las ventanitas, que estaban ubicadas en las puertas de las celdas, esto evitaba que hubiera ventilación, nos prohibía el ingreso de alguna literatura para poder leer. Él particularmente fue quien me golpeó personalmente cuando estuve encerrado”, expresó Suazo.
Noticia relacionada: Paramilitares de Ortega usaron fusilería y ametralladoras de alto impacto para reprimir
La exguerrillera Dora María Téllez asegura que estas sanciones afectan directamente a los funcionarios sandinistas. Además aseguró que la institución solo cuenta con jefes policiales “dedicados a la criminalidad, al crimen organizado que no podrán tener ningún vínculo económico que tenga que ver con Estados Unidos. Estos van quedando como parias internacionales y perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos”.