Miembros del colectivo de excarcelados políticos y artesanos denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) asedio policial, paramilitar y de turbas orteguistas cuando el domingo, tres de noviembre, organizaron una feria artesanal en la Catedral de Granada.
La exrea política Erika Molla, del colectivo de artesanos, señaló a través de un comunicado las amenazas y persecución por parte de los agentes del régimen. “Fuimos amenazados de muerte por la Policía de Granada, paramilitares y simpatizantes del gobierno, por lo cual decidimos retirarnos del lugar”.
Además, en el escrito, los excarcelados políticos remarcaron que las fuerzas de choque del gobierno de Ortega les dieron persecución cuando se dirigían hacia la capital y luego fueron amenazados. “Al día siguiente en Managua fuimos amenazados de muerte y de cárcel. Nos dijeron que todo el colectivo iba a ir a la cárcel por atentar en contra del Estado de Nicaragua. Estamos preocupados y tenemos por nuestras vidas, porque lo único que hacemos es generar dinero para ayudar a nuestras familias”.
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Por su parte, el exreo de la dictadura Edwin Altamirano denunció que turbas orteguistas sacaron cuchillos y los amenazaron de muerte y faltaron el respeto a las mujeres que los acompañaban. “Notros no le hacemos daño a nadie, lo único que hacemos es realizar un trabajo honrado, porque el gobierno nos ha quitado el derecho de trabajar y movilizarnos libremente. A mí me robaron todo lo que tenía, hasta hoy no me han devuelto nada. No entiendo por qué el gobierno llama a sus simpatizantes a provocarnos y a asediarnos”.
Igualmente, agregó que “en todas las ferias que hacemos en distintas ciudades, la Policía hace presencia, eso no nos afecta, porque creemos que las autoridades están para brindar seguridad. Sin embargo, el domingo pasado ya fue diferente, porque el jefe de los policías llegó directamente hasta donde estábamos y nos amenazó: si ustedes ponen un pie fuera de la Catedral, vamos a demostrarles que va a pasar le quitaremos todo lo que andan”.
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Según el asesor legal de la CPDH Pablo Cuevas, estas acciones por parte de la Policía orteguista son una violación a los derechos humanos y que atenta con la integridad física de los ciudadanos.
“Este colectivo solo ejerce su derecho constitucional al trabajo. La misma Constitución manda a que la Policía debería brindarles protección para que hagan uso de ese derecho, pero sabemos que los excarcelados políticos han sido estigmatizados por parte de las autoridades, partiendo de que sus récords están “manchados”, pese que a la Ley de Amnistía que el mismo Gobierno decretó deberían de quedar limpios, pero todos sabemos que eso no se está cumpliendo”.
Además, el jurista exigió al Estado de Nicaragua que cumpla su palabra y que deje que permita que los excarcelados políticos gocen de libertad y de trabajo. “Tomaremos esta denuncia y la llevaremos a otras instancias, porque no pueden seguir violentando los derechos de los nicaragüenses”, concluyó.
