La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende restar 4,412.12 millones de córdobas, de los 7,354.06 millones que les corresponden a las 153 alcaldías de Nicaragua, provocando que las administraciones edilicias pospongan los proyectos de desarrollo de las localidades, como mejoras de caminos, ampliación de carreteras, construcción de escuelas, proyectos sociales y mantenimientos a centros médicos.
Según el Presupuesto General de la República (PGR), presentado esta semana en la Asamblea Nacional, el 10% que corresponde a las municipalidades fue convertido en un 4%, lo que para la investigadora y especialista en presupuesto Dayra valle es una violación a la Ley 466, Ley de Transferencias Presupuestarias a los municipios de Nicaragua, en la que se establece que los municipios deben de recibir el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Créase una partida en el Presupuesto General de la República denominada Transferencia Municipal, cuyos recursos se calcularán en un porcentaje de los ingresos tributarios establecido en la Ley Anual del Presupuesto General de la República, iniciando con un cuatro por ciento (4%) de los ingresos tributarios del año 2004. El porcentaje se incrementará en al menos un medio por ciento anual (0.5%), siempre y cuando el Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido en al menos un uno por ciento (1%) en el año anterior, hasta alcanzar como mínimo el diez por ciento (10%) de los ingresos tributarios en la Ley Anual del Presupuesto General de la República en el año 2010″.
“Recibiremos menos del 4%”
Oscar Gadea alcalde del municipio de Santa María de Pantasma, ubicado en el departamento de Jinotega, a 176 kilómetros de la capital, denunció que del 4% que les corresponde en el 2020, posiblemente reciban un 2% porque en este año se habían aprobado 21,569,716 córdobas, pero en 10 meses el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) solo les ha desembolsado 963 mil córdobas.
Gadea dijo que teme que el 4% sea entregado solo a las alcadías administradas por al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y no a las alcadías opositoras, a como se ha venido haciendo en los últimos años.
Por su parte, el concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Selin Figueroa detalló que el Gobierno resta a las Alcaldías su presupuesto y condena a las municipalidades a menos progreso. “Eso va a tener consecuencias porque a la Policía Nacional le están incrementando un porcentaje adicional. Vemos que ese dinero no se está ocupando para la seguridad ciudadana, sino que se ocupa para el asedio contra los que protestan”.
Figueroa rechazó dicha acción de la familia Ortega-Murillo porque aumentar el PGR a instituciones que han reprimido al pueblo y restarle a las municipalidades va a provocar más desorden e inconformidad en la población.
Finalmente, el concejal Carlos Bonilla del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) manifestó que en el caso de las alcaldías de su agrupación política les han restado hasta el 8% de lo que deben de recibir, sin incluir el pago de las deudas que les heredaron los gobiernos sandinistas en 2018, que la mayoría ascendían a más de cinco millones de córdobas.
Y entonces seguimos comiéndonos el mono del discurso de los mercantilistas que sólo piensan en la economía. Sigamos cayendo en la trampa de que un paro afecta a los pobres y llegaremos al proximo siglo aguantando a estos Asesinos y Criminales Genocidas de Lesa. Hay que dejar de financiar a estos Asesinos, sólo un paro nacional los va a frenar porque no tendrán de donde financiar sus fechorías, o nos paramos como hicieron nuestras indias a negarse a parir esclavos o nos convertimos en esclavos declarados de estos mafiosos y gánsteres. PARO NACIONAL YA!!! NO HAY QUE OXIGENAR A LOS ASESINOS.