El paramilitar Juan Pablo Ortiz González, a quien señalan de asesinar a Enid Martínez en la ciudad de Matagalpa, el 29 de septiembre en el barrio El Progreso, fue presentado en audiencia preliminar de juicio privado en dicha ciudad este miércoles, 3 de octubre.
Antes del suceso de la ciudadana estadounidense, Ortiz había marcado la casa de la víctima con la palabra “plomo”, según denunciaron miembros del Movimiento 19 de abril de ese departamento.
En un comunicado de prensa, la Policía orteguista refirió que Martínez “intervino en una discusión motivada por rencillas personales entre su cónyuge (Maynor Fernando Valenzuela) y Ortiz González”. Sin embargo, Valenzuela negó esa versión y aseguró que “a las 10:30 de la noche paramilitares me golpearon, me patearon a gusto y antojo simple y sencillamente por opinar diferente”.
Será procesado en Matagalpa
El paramilitar será procesado en Matagalpa, caso contrario a lo que ha sucedido con los reos políticos que la dictadura les celebró juicio en Managua y que luego, la mayoría, fueron trasladados a las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como “La Modelo”.
Ortiz tampoco fue presentado en los medios de comunicación oficialistas a como acostumbra la Policía Nacional, ni ha desmentido ni confirmado el rumor de que el “paramilitar” se entregó.
Durante su presentación en los juzgados y en la acusación que leyó el Ministerio Público resaltan la siguiente frase: Uno de los “ofendidos/víctimas” es el “Estado de Nicaragua”. Además, a Ortiz le respetaron el término legal de 48 horas de ponerlo a la orden del juez.
Ortega protege a paramilitares
Otro de los casos cuestionados por los diferentes movimientos sociales que surgieron a raíz de la represión de la dictadura en abril de 2018 fue la liberación del paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, señalado de haber asesinado hace más de un año a la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, quien fue ultimada a balazos cuando se dirigía hacia su vivienda en un residencial de Managua.
Gutiérrez inicialmente (en el 2018) había sido condenado a 15 años de prisión, 14 por asesinato y 1 por posesión ilegal de armas. Sin embargo, su abogado presentó un escrito solicitando una sentencia de sobreseimiento, libertad y cancelación de antecedentes penales, basándose en el beneficio que otorga la Ley de Amnistía a las personas involucradas en los hechos iniciados en abril de 2018.
La acción de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue condenada y rechazada (en ese momento) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos nacionales de derechos humanos y movimientos feministas.
