La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó un informe sobre la “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica” en el que presentan la situación de derechos humanos de los exiliados en ese país. Asimismo, detallan que el 46% de los nicaragüenses responsabilizan a los paramilitares que los obligaron a salir de sus casas, ante las amenazas de secuestros y hasta asesinatos ejecutados por estas fuerzas irregulares patrocinadas por el Gobierno.
En el informe, la CIDH también presenta recomendaciones dirigidas al Estado nicaragüense, al Estado costarricense y a los demás Estados Miembros de la OEA para asegurar que se garanticen los derechos de los ciudadanos migrantes y refugiados nicaragüenses. Al mismo tiempo se incluyen las causas del desplazamiento forzado en Nicaragua, y el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado y la protección internacional brindada en Costa Rica.
Según la CIDH, un año después del estallido de la crisis sociopolítica 55 mil nicaragüenses se han desplazado obligadamente a Costa Rica. Para la realización del informe la organización realizó una visita de trabajo al país vecino, entre el 14 al 18 de octubre de 2018 y sostuvo 259 entrevistas de las cuales recogió 152 testimonios de nicaragüenses solicitantes de asilo y con necesidades de protección internacional.
De los principales grupos de nicaragüenses que se vieron forzadas a dejar su país, el 23 por ciento son estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas, el 22 por ciento son defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos, el 18 por ciento son personas que apoyaron a quienes participaron en las protestas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, un ocho por ciento son médicos y un dos por ciento son periodistas, exmilitares y expolicías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el gobierno nicaragüense.
La CIDH logró identificar a los principales actores responsables de la persecución y el desplazamiento forzado de personas nicaragüenses: a los paramilitares con el 46 por ciento, a los oficiales de la Policía Nacional con el 37 por ciento y el 17 por ciento son grupos de control conocidos como Consejos de Poder Ciudadano (CPC).
Con la publicación del Informe, la CIDH reconoce el importante rol del Estado costarricense en favor de “la protección de los derechos humanos de la población nicaragüense tras los hechos de represión violenta de las protestas en Nicaragua, así como las acciones que ha impulsado en el marco de la OEA para tal fin”.
Dentro del informe se señala al menos cinco desafíos a los que se enfrentan los nicaragüenses al momento de solicitar protección internacional: el costo significativo de acceder al procedimiento de asilo mediante el sistema de llamadas; la larga duración de los procedimientos (se extienden por más de un año); la falta de información relativa a sus derechos y al procedimiento de asilo; la falta de asesoría y representación jurídica; y el rechazo en frontera de algunas personas nicaragüenses, sin analizar las necesidades de protección internacional o situaciones de vulnerabilidad.
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La CIDH recomienda al régimen de Ortega “cesar los actos de persecución que generan desplazamiento forzado; respetar los derechos a salir de territorio nicaragüense y buscar y recibir asilo, y brindar asistencia humanitaria a personas desplazadas”. A la vez recomienda al Estado de Costa Rica, “garantizar los derechos de las personas nicaragüenses en su territorio, tales como el derecho a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales”.
La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, declaró que “la situación que enfrenta el país hoy en día ha sido de especial atención para la CIDH y la comunidad internacional y obliga a otros Estados a brindar una respuesta fundada en los principios de responsabilidad compartida y solidaridad”.
