La dictadura de Daniel Ortega prohibió a través de una circular a nueve aerolíneas que viajan a Nicaragua transportar a los siete embajadores de la OEA que han sido designados por el Consejo Permanente para atender la crisis sociopolítica que vive este país, y que tenían previsto llegar a Managua la mañana del lunes, 16 de septiembre.
Según se lee en la comunicación firmada por el comandante de brigada Juan Emilio Rivas Benítez, director general de Migración y Extranjería y por el comandante Edgard Gerardo Acevedo Cruz, director de fronteras de la Dirección General de Migración y Extranjería, con fecha de 14 de septiembre de 2019, que “de conformidad al artículo 6 de la Constitución Política de Nicaragua y artículos 93 de la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, hace del conocimiento que, a partir de la fecha no está permitido el ingreso a Nicaragua ni podrán ser abordados en sus aerolíneas con destino a Nicaragua” los miembros de la Comisión de Alto Nivel de la OEA.
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La circular menciona expresamente a los embajadores Leopoldo Francisco Sahores, Subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, la embajadora Elisa Ruíz Díaz Bareiro, Representante Permanente de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos; Sebastien Sigouin, representante de Canadá, Audrey Marks, representante de Jamaica y el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo. La dictadura también ha prohibido a las aerolíneas permitir el abordaje a los representantes de la secretaría general de la OEA, Gonzalo Conke y un foncionario de la sección de prensa de la OEA de nombre Pablo Sandino Martínez.
Un analista diplomático que se encuentra en Washington dijo, extraoficialmente a Artículo 66 que la comunicación ya había sido recibida por los embajadores de la OEA y que con esta medida “se abren las opciones. Condena en la OEA. Sanciones americanas. Los europeos podrían finalmente actuar. Podría persuadir a los países que tituben (en la misma OEA) a actuar”.
La fuente aseguró que la medida se está evaluando en los círculos de mayor influencia de la OEA y consideró que aunque la disposición “es grave”, la delegación de alto nivel que ha sido designada por el pleno de los países del continente “solo podrían entrar en vuelo privado”, pero no está definido si lo intentarán.
Igualmente valoró que podría ocurrir que “la aerolínea asuma la multa y los traiga. Ya en Nicaragua se hace el escándalo”.
Este medio de comunicación consultó a Juan Sebastián Chamorro, director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sobre esta comunicación y únicamente respondió que “no lo sé”.
También intentamos contactar al presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien también es miembro de la Alianza Cívica y que podría estar enterado directamente por que entre sus cámaras están representantes de agencias de viajes, que tienen contacto directo con las aerolíneas, pero tampoco contestó su celular.
