La pareja de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa con su discurso cargado de falsedades. Esta vez en un conversatorio con los complacientes periodistas Max Blumenthal y Ben Norton del portal The Grayzone señalaron que en Nicaragua hay “absoluta libertad de expresión” obviando las violaciones dirigidas por su administración contra La Prensa y El Nuevo Diario, a quienes les mantiene retenida su materia prima desde hace más de 50 semanas al igual que la confiscación de Confidencial y 100% Noticias y la constante persecución a los medios de comunicación independientes así como el encarcelamiento a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, a quienes secuestró por informar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018.
Ortega en su lista de mentiras afirmó que en Nicaragua también hay “una absoluta libertad religiosa” nuevamente ocultando los ataques contra los líderes de la Iglesia católica, que incluyeron golpes, amenazas escritas y verbales, campañas de desprestigio, exilio forzado de algunos jerarcas y el asedio y profanación en los templos y agresiones dirigidas por pronunciarse a favor de los ciudadanos que decidieron manifestarse en contra de la dictadura.
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El tirano y su mujer continuaron con su rosario de farsas al punto de que Ortega afirmó que él “nunca ha utilizado un carro blindado, mi carro blindado es Cristo, el pueblo es que el que me cuida”, remarcó con absoluto cinismo aunque en sus actos públicos su guardia, el Ejército y sus paramilitares lo custodian por mar, aire y tierra e impiden que sus fanáticos tengan contacto directo con el dictador y además mantiene su permanente tranque en El Carmen y sus alrededores.
Ortega, igualmente, insistió en que Estados Unidos pretende imponer un “terrorismo económico” desde que aprobó la Ley Nica Act. Las declaraciones las brindó a los dos periodistas que terminaron rindiéndole culto en una fiesta privada al ritmo del “Comandante se queda”.
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a sus trabajadores y militantes colocar banderas azul y blanco en las afueras de las instituciones del Estado, unidades de Transporte Urbano Colectivo, en los vehículos de las organizaciones públicas y en las afueras de sus viviendas. Desde este domingo, 18 de agosto, las calles de Managua amanecieron inundadas con los colores patrios, mismos que la dictadura ha criminalizado e incluso la Policía al servicio de la tiranía ha secuestrado a los ciudadanos que deciden portar una bandera o bien colocarla en sus carros.
Esa decisión llega como el preámbulo a las fiestas patrias y fue calificada por la oposición como una “derrota para el orteguismo”, ya que demuestra que “nadie quiere la bandera de su partido” e instaron a los nicaragüenses a enarbolar el pabellón nacional y seguir con la protesta cívica. Los críticos de Ortega remarcaron que “por fin vamos a poder usar las banderas azul y blanco”.
Asimismo, instaron a los ciudadanos a exhibir el símbolo patrio donde puedan y recomendaron colocarla con el escudo invertido como señal de protesta por todos los atropellos cometidos y que sigue cometiendo la tiranía.
La Policía orteguista mantuvo secuestradas por cinco horas a seis feministas y defensoras de derechos humanos a quienes detuvo ilegalmente por intentar colocar pancartas en la capital en demanda de la liberación de los presos políticos. Las detenidas fueron trasladadas inmediatamente al Distrito Uno, y posteriormente, a la Dirección de Auxilio Judicial. Durante el secuestro, las activistas fueron intimidadas verbalmente mientras sus familiares se presentaron ante las instalaciones de la guardia exigiendo su libertad inmediata. Las defensoras de derechos humanos fueron identificadas como: Tamara Dávila Rivas, Guisella Ortega, Amelia Urbina, Neyma Hernández, Doris Hernández y Mirna Blandón Gadea.
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El sistema judicial dominado por el régimen de Daniel Ortega rechazó el recurso de amparo interpuesto por los abogados Defensores del Pueblo, Julio Montenegro y José López, contra la decisión de la dictadura de otorgar de forma arbitraria la ciudadanía nicaragüense al expresidente salvadoreño y señalado por corrupción en su país, Mauricio Funes, misma que fue otorgada el 15 de junio de este año y que además, beneficia a su núcleo familiar.
