El embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, lamentó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo haya decido cerrar las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). El diplomático afirmó que el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos firmados en la mesa de negociación obstaculizó la posibilidad de avanzar en las negociaciones, que se suspendieron desde mayo de 2019.
Una semana ha transcurrido desde que antimotines al servicio del régimen de Daniel Ortega secuestraran al artesano en ebanistería, Reynaldo Antonio Martínez Díaz, originario de Masaya, quien fue traslado a las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial en la capital. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles de su detención, pero de forma extraoficial aseguraron que está siendo “investigadpo” por detonaciones de bombas de contacto.
Gabriel Ramírez Somarriba, originario de Masaya, acusado de tirar bombas de contacto, fue llevado a los juzgados de esa ciudad, la mañana de este jueves, 15 de agosto, sin embargo la audiencia no se llevó a cabo y la jueza orteguista Ruth Chamorro remitió el caso a los Juzgados de Managua. Por su parte la abogada defensora Yonarqui Martínez rechazó la decisión de la judicial y calificó el juicio como “un proceso anómalo”.
A través del proyecto de viviendas “Bismarck Martínez” la familia Ortega-Murillo exige a las personas de escasos recursos e interesadas en obtener una casa escribir una carta dirigida al dictador, lo que para los políticos opositores demuestra el aislamiento que sufre el régimen; además de ser un método de propaganda política.
El ciudadano Ervin Reynaldo Gallos Salgado de 34 años, originario de León, está desaparecido desde el seis de julio de 2018, después que estuvo activo en los tranques del Reparto La Pintora, en la ciudad universitaria. Su familia aún no lo encuentra y sospechan que lo asesinaron y enterraron sin permitir a su familia que lo reconociera.
Su madre Esperanza Salgado dice que lo ha buscado “por cielo y tierra” y no lo ha encontrado, por lo que sospecha que el Gobierno cobró venganza porque el ciudadano participó de las protestas antigubernamentales que se desataron después de abril de 2018.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a través de un comunicado, manifestó su respaldo a los líderes campesinos Francisca Ramírez y Medardo Mairena, quienes expresaron su inconformidad ante el anuncio de Daniel Ortega de revivir el proyecto de construcción del canal interoceánico por Nicaragua.
El líder campesino y exreo político del régimen, Medardo Mairena le advirtió a Ortega, que “preferimos morir en nuestras tierras, pero no vamos a dejar que la dictadura nos robe. Vamos a defenderlas hasta con nuestras propias vidas, si es necesario”.
En medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, en lo que va del año, la tarifa de energía eléctrica ha sufrido tres aumentos considerables que golpean los bolsillos de los nicaragüenses. Según un monitoreo realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), sobre el tarifario emitido por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en lo últimos 8 meses, el recibo de luz se incrementó en 2.9% en enero, 1% en marzo y 3% en junio, para un incremento total de 7%.
La última certificación del INE fue publicada en La Gaceta el 18 de junio, desde ese momento, la energía eléctrica subió el 3 %, es decir, el precio medio de venta al consumidor final pasó de 219.8 dólares por megavatio en marzo a 226.5 dólares por megavatio en junio.
