Abogados piden anular la ciudadanía otorgada al expresidente salvadoreño Mauricio Funes

El régimen de Ortega, el pasado 15 de junio, blindo doblemente al expresidente prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, con el otorgamiento de la ciudadanía nicaragüense. Funes, desde el 2016 se encuentra asilado en Nicaragua por autodenominarse “perseguido político”, pese a que, es acusado por la Fiscalía salvadoreña por delitos de corrupción.

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El rechazo por la protección que Ortega le brindó a Funes no sólo ha causado descontento e inconformidad en los ciudadanos salvadoreños, sino también en los nicaragüenses. Hoy, en horas de la mañana, los abogados de la organización Defensores del Pueblo, Julio Montenegro y José López, recurrieron ante el sistema Judicial para interponer un recurso de amparo en contra del Estado para que declaren ilegal la resolución de ciudadanía de Funes y sus familiares.

El otorgamiento del asilo está contemplado en el artículo 42 de la Constitución Política de Nicaragua, que “reconoce y garantiza el derecho de refugio y asilo”, sólo a las personas perseguidas políticas por luchar en sus países de origen en favor de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos.

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Montenegro aseguró que Ortega benefició de manera exprés al expresidente salvadoreño, cuando el pasado primero de septiembre de 2016 solicitó el asilo y fue concedido un día después por el excanciller Samuel Santos, razón por lo que exigen al régimen el cumplimiento de las leyes. “Como defensores del pueblo exigimos el respeto a lo que establece la Constitución Política de Nicaragua ya que consideramos que el caso de Funes no es aplicable, porque no cumple los requisitos establecidos”.

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La Ley de Migración y Extranjería, en el artículo 30 menciona que “los residentes temporales con más de tres años de permanencia legal en el país, podrán solicitar la residencia permanente”, sin embargo, Funes hasta el dos de septiembre cumpliría el tiempo que manda la legislación nacional para que recibiera el estatus.

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Así mismo, Montenegro subrayó que tanto Nicaragua, como El Salvador, firmó el 16 de febrero de 1887, el Tratado de Extradición junto a Costa Rica, Honduras y Guatemala. En el artículo uno, se establece que “los Gobiernos contratantes se entregarán recíprocamente los individuos que se hallen en el territorio de una de las Repúblicas, (…) y que hubieran sido condenados o estuvieren procesados por haber cometido robo, peculado y malversación de caudales públicos”.

José López considera que los trámites que el régimen de Ortega le concedió a Funes carecen de legalidad, “ya que el expresidente salvadoreño hizo la petición de asilo a Cancillería, cuando ésta no es la instancia autorizada para brindarlo, y además, está siendo acusado en su país por casos de corrupción”.

López advirtió que “sí la Corte de Justicia de Nicaragua no hace nada al respecto, recurrirán a la Corte Centroamericana de Justicia para que se pronuncien”.