En los últimos 20 días se han registrado al menos tres asesinatos en contra de líderes campesinos, originarios de Jinotega, considerados críticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas en las zonas fronterizas de Honduras con Nicaragua. Los tres ciudadanos se encontraban exiliados en el vecino país por las amenazas de muerte y el grado de represión que ejerce el régimen orteguista.
El Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (Cegodem) ha denunciado que estos crímenes son selectivos y las víctimas fueron ejecutadas con saña, con armas de guerra y en los casos registrados no se han capturado a los asesinos.
“Nosotros como organización hemos venido denunciando y trabajando a nivel rural el fenómeno de la violencia política y violencia común. Nosotros que venimos dándole seguimiento a casi 30 asesinatos que han habido desde hace más de tres años, creemos que en este momento, después de la revuelta del 18 de abril (de 2018), parece que regresó con mayor fuerza este tipo de estrategias de asesinatos selectivos. Estos están siendo vinculados con el patrón que son activados, todos han sido con armas de guerra, no se logra capturar a los asesinos y son extraterritoriales porque los muertos que han habido son en fronteras nicaragüenses con Honduras”, afirmó el director ejecutivo de Cegodem, Fidel Moreira.
El 27 de junio fueron asesinados los campesinos Edgar Montenegro Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas en el municipio Los Trejos, El Paraíso Honduras, ubicada en la zona fronteriza con Nicaragua. Ambos eran originarios de Wiwilí, Jinotega, pero se encontraban exiliados en Honduras debido a la represión orteguista. Edgar Montenegro era señalado por la Policía y simpatizantes del Frente Sandinista de haber dirigido los tranques de Wiwilí y El Cuá.
Recientemente, fue asesinado en las mismas circunstancias el campesino Francisco Sobalvarro, originario de Jinotega, el crimen se perpetró el pasado 13 de julio, en la casa donde habitaba junto a su familia en el municipio de Trojes, departamento El Paraíso, Honduras. Sobalvarro también se encontraba en el exilio por las amenazas de muerte que recibía por simpatizantes orteguistas. El asesinato en contra de Sobalvarro tampoco ha sido esclarecido.
“Estamos viendo que puede ser mano militar o grupos políticos vinculados con el régimen que con toda la campaña vociferante que existe contra este liderazgo azul y blanco que está reivindicando los derechos del pueblo, obviamente lo que vemos es que cualquier persona con experiencia militar puede asesinar bajo autoridad y plena libertad, a cualquier opositor que esté en territorios rurales donde es muy difícil que tenga cierta seguridad”, recalcó Moreira.
La activista y defensora de derechos humanos Haydée Castillo denunció estos crímenes como una nueva etapa represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Qué más esperan para desconocer inmediatamente a este gobierno, qué más esperamos para exigir su renuncia. Una vez más el norte me duele y sufro. Unidad, organización, incidencia, resistencia y retomar las calles, es el desafío del pueblo para sacudirnos de otra dictadura. Amanecerá”, expresó Castillo a través de su cuenta en Twitter.
Párroco de Wiwilli, J. Centeno denuncia asesinatos selectivos en zonas campesinas, 3 en menos de un mes. En esta nueva etapa represiva requerimos una estrategia interna contundente. Y que la OEA envíe la Comisión con urgencia. Lo lograremos. https://t.co/aMVWU6yXiN
— Haydee Castillo (@HaydeeCastilloF) 14 de julio de 2019
Por otra parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nunca+ mostró su preocupación ante las graves violaciones de derechos humanos en contra de la población campesina e indígena del país. Además, denunciaron que el consulado nicaragüense en Honduras habían negado el permiso a la familia de Sobalvarro de repatriar el cuerpo, sin embargo cedieron mediante la intervención de las autoridades hondureñas.
“Las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones campesinas se resumen en el encarcelamiento de líderes campesinos, expropiación de sus tierras, sino también en el desplazamiento forzado de miles de campesinos y sus familiares por la persecución política y las amenazas de las que han sido víctimas”, cita parte del boletín informativo del Colectivo de Derechos Humanos Nunca+.
