El aumento de la delincuencia y la inseguridad en Nicaragua producto de la crisis sociopolítica que se vive desde abril de 2018, cuando iniciaron las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las que las dictadura respondió con balas y cárcel; ha llevado a que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ubique a esta nación centroamericana en la lista de 64 países que recomienda a sus ciudadanos no visitar en temporada de verano.
La alerta responde a condiciones atmosféricas, de seguridad y sanitarias, pero en el caso de Nicaragua la recomendación obedece a la constante inestabilidad que se mantiene por la represión de la tiranía. “El nivel de inseguridad ciudadana es elevado en todo el país desde abril de 2018. Ha aumentado la delincuencia e inseguridad como consecuencia del actual conflicto social y político”, recalca ese organismo español, el que también resalta que la constante actividad volcánica puede convertirse en un peligro para sus ciudadanos.
La crisis ha dejado al menos 325 ciudadanos asesinados, más de 70 000 exiliados y cerca de 4 000 heridos, según los reportes de los organismos internacionales de derechos humanos. Pese a que las protestas han disminuido por el peligro a las detenciones ilegales por parte de la guardia orteguista o grupos de paramilitares, el asedio, los secuestros y la intimidación no han parado.
Junto a Venezuela y Afganistán
La lista incluye a países de América como Honduras, México y Venezuela. De la nación suramericana “se desaconseja el viaje salvo por razones de extrema necesidad. El nivel de criminalidad es alto y pueden sufrirse atracos a cualquier hora del día así como ser víctimas de secuestro. Son zonas de riesgo las fronteras con Colombia, los Estados del Llano y los barrios desfavorecidos de las ciudades. Han aumentado en todo el país los casos de paludismo, dengue, fiebre chikungunya, malaria y difteria. Los servicios de salud están siendo afectados por la escasez de alimentos y material sanitario”.
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De otras localidades como Afganistán se argumenta “que existe un serio riesgo de que se produzcan atentados y secuestros en todo el país. Se pueden producir alteraciones del orden público y ataques con bombas especialmente en lugares públicos, edificios gubernamentales y lugares de culto”.
