La administración de Donald Trump giró una orden de deportación a Nicaragua al ciudadano Joseph Rafael Hernández Arriaza, quien en su momento fue conductor del canal 100% Noticias. El joven emigró a Estados Unidos vía terrestre el 3 de mayo de este 2019 y llegó a Houston, Texas, el 18 de mayo con la intención de solicitar asilo político, pero su petición fue rechazada por las autoridades norteamericanas. Hernández fue uno de los trabajadores de 100% Noticias que estuvo secuestrado por 15 días en los calabozos de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”, cuando la Policía orteguista allanó las instalaciones de ese medio de comunicación el 21 de diciembre de 2018, mismo día que la dictadura también encarceló a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, a quienes mantuvo presos durante seis meses. Tras la liberación de Hernández, se vino un constante asedio por parte de los fanáticos sandinistas y la misma guardia al servicio del régimen.
Human Rights Watch presentó un informe donde deja en evidencia la brutal represión que han sufrido los nicaragüenses desde abril de 2018 cuando inició la crisis sociopolítica que ha dejado al menos 325 asesinatos, torturas, detenciones ilegales y más de 70 000 ciudadanos en el exilio. El organismo hizo un llamado a la comunidad internacional a “aplicar sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses implicados en la feroz represión de opositores por el régimen de Ortega”, entre los que señalan al consuegro de la pareja presidencial y director de la Policía, comisionado Francisco Díaz. Asimismo, resaltaron que tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo deben de ser tratados como “los parias internacionales que son”, a quienes responsabilizan por los crímenes de lesa humanidad registrados en el contexto de las protestas.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la dictadura orteguista la liberación de los más de 80 presos políticos que permanecen encerrados en los sistemas penitenciarios de Nicaragua. La organización recordó al régimen que los 90 días acordados en la mesa de negociación con la oposición finalizaron el 18 de junio. La OEA calificó como “incompatible con la democracia y el Estado de Derecho” el incumplimiento del régimen a los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y “solicita la liberación de toda persona presa por motivos políticos, independientemente del momento de su detención o de la carátula de su expediente judicial. Sin ello no resultará recuperar el camino de la democracia, la paz y la justicia en el país”.
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La Oficina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su boletín mensual detallando todas las violaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses. En el informe orienta liberar a las personas que aún están secuestradas y remarca las recientes acciones de la dictadura contra los exreos políticos liberados bajo la Ley de Amnistía y las nuevas formas de represión contra los manifestantes, que incluyen torturas, hostigamiento a sus familias y vigilancia permanente.
La policía orteguista asedió y dio persecución a las personas que participaron en la misa por el primer aniversario de muerte de Marcelo Mayorga, conocido como “el hombre de la tiradora” y a quien la guardia orteguista asesinó el 19 de junio del año pasado cuando realizaron su “plan limpieza” que consistió en levantar las barricadas en la ciudad de Masaya a punta de balas. Los oficiales del régimen secuestraron a dos adolescentes de 16 años, a quienes golpearon y trasladaron a la estación policial de esa localidad, liberándolos luego de dos horas de maltrato psicológico y físico. Uno de los jóvenes dijo a Artículo 66 que fue víctima de la represión por parte de los agentes orteguistas, quienes los amenazaron con violarlos. “A mi amigo y a mí nos golpearon muy fuerte. Además, me preguntaban que cuánto me pagaban por andar protestando y me acusaban de haber tirado bombas de contacto. Nos desnudaron y nos hicieron hacer sentadillas, además, nos amenazaron con violarnos”.
Hay pedir sanciones contra el Estado Mayor del ejército Hipócrita y Cobardes que apañan a estos Asesinos y Criminales de Lesa Humanidad.