Este viernes, 21 de junio, se conoció que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) decidió sancionar a cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea orteguista; Orlando Castillo, director general del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor); Sonia Castro, ministra de salud; y Óscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura son los que figuran en la lista.
La administración estadounidense señala que esa acción está dirigida contra esos funcionarios porque son los que “persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense”.
Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, recalcó en el comunicado oficial que “el gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense, implementando leyes de explotación y violencia y manteniendo a cientos de personas como presos políticos. Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”.
Las sanciones
El Departamento del Tesoro recalca que ante estas sanciones “todos los bienes e intereses en propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento de dichos individuos, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC”.
Noticia relacionada: EE. UU. sanciona a cuatro funcionarios orteguistas por crímenes contra los nicaragüenses
Los funcionarios de la lista negra
El presidente del Parlamento orteguista, Gustavo Porras, quien también tiene poder de decisión y acción sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) es incluido en la lista por estar al frente, según Estados Unidos, de “una entidad que ha promulgado acciones o políticas importantes que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. Porras es el operador político más importante del presidente Ortega”, remarcan.
Igualmente, mencionan que la ficha de la dictadura estuvo al frente de la promulgación de “una Ley de Amnistía a principios de junio de 2019 que condicionalmente perdona a las personas que participaron en las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, pero requiere que los manifestantes se abstengan de expresarse en una futura protesta o se arriesguen a que se revoque la amnistía. La ley también perdona a los policías y combatientes de la policía que participaron en la represión violenta del régimen de Ortega contra los manifestantes, que incluyó el asesinato de cientos de manifestantes. En noviembre y diciembre de 2018, la Asamblea Nacional también prohibió que nueve organizaciones de derechos humanos pudieran operar en Nicaragua”.
Por su parte, Orlando Castillo, director general del Instituto de Telecomunicaciones y Servicios Postales, fue sancionado por estar al frente de “una entidad ha sido utilizado por el presidente Ortega y Castillo para silenciar a los medios independientes, incluido el canal de noticias 100% Noticias”, que fue confiscado por la dictadura y donde su director y jefa de prensa, Miguel Mora y Lucía Pineda, respectivamente; permanecieron secuestrados bajo el argumento de que “incitaban al odio” a través de la información que difundían.
Noticia relacionada: Policía orteguista allana ilegalmente 100% Noticias y secuestra a su director, Miguel Mora
Mientras a la ministra de salud le imputan que la institución a su cargo “ha cometido violaciones graves de abusos a los derechos humanos conforme a la E.O. 13851. El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica. El personal del hospital recibió órdenes de denunciar a los manifestantes admitidos y fueron entregados a parapolicías que los sacaron de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas. El Ministerio de Salud amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos de personal médico que trató a los manifestantes”.
El cuarto de los sancionados es el retirado del Ejército Óscar Mojica y el actual Ministro de Transporte e Infraestructura. Según el Departamento del Tesoro, “Mojica promovió la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, una política que dejó cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, expulsadas o desplazadas internamente. Además, Mojica administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del Presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y el establecimiento de hospitalidad”.
Interesante que se sepa lo de Mojica, que parece mojigato pero de eso no tiene nada, adelante con las sanciones, hay que castigar al estado mayor del ejército. Son cómplices de todos los crímenes y de sostener a estos Asesinos y Criminales en el poder.