Después del anuncio gubernamental de que la maquinaria orteguista en la Asamblea Nacional aprobará una Ley de amnistía, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos emitió un pronunciamiento en el que rechaza “enérgicamente” la legislación.
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“El pueblo no pidió Amnistía porque nuestros hijos no son culpables de ningún delito. Demandamos la libertad total de todos y todas a más tardar el 18 de junio, día en que vence el plazo del acuerdo con la Alianza Cívica”, expresó el comité.
El proyecto de ley permitirá que las autoridades no inicien nuevos procesos de investigación, además deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y procesos penales. Para el Comité de Presos Políticos, la dictadura busca la amnistía para encubrir sus crímenes, cometidos por policías y paramilitares mandados desde El Carmen. “Quieren esconder la verdad”, denunció la organización de familiares de prisioneros.
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“No necesitamos una ley de amnistía ni la hemos solicitado, demandamos que se investiguen los crímenes cometidos contra manifestantes pacíficos como, Álvaro Conrado, Richard Pavón, Carlos Bonilla y Franco Valdivia, cuyos asesinatos siguen en la impunidad y no quieren ser investigados por el gobierno”, concluyó el pronunciamiento.
La Ley de amnistía que la dictadura aprobará este ocho de junio también ha sido rechazada por defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, familiares de asesinados, abogados, partidos políticos, movimientos opositores y organizaciones sociales que han sido víctimas de la represión ejecutada por la dictadura.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega, mediante el uso de paramilitares y policías, asesinó a 326 ciudadanos nicaragüenses. El organismo calificó estos hechos como “crímenes de lesa humanidad”, por lo que la dictadura parece interesada en blindarse para no enfrentar la justicia en el futuro y dejar las masacres en la impunidad.
