Alianza Cívica condena acciones de la dictadura contra negocios que se sumaron al paro nacional

Por medio de un comunicado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó la nueva modalidad de represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cerrar y quitar licencias a los negocios que apoyaron el paro nacional, convocado por los opositores el 23 de mayo.

«Respaldamos a las empresas afectadas por esta nueva represión en las medidas legales que interpongan, como instrumento que registre la violación  a sus derechos constitucionales por parte de este régimen».

• Las víctimas de la represión orteguista

La oposición destacó que una vez más la familia presidencial «predica lo que no hace» porque ha solicitado en diversas ocasiones, a la comunidad internacional, que no aplique sanciones contra su familia y allegados, pero este sigue castigando a las personas que no se alinean a su política represiva.

Jasson Salazar, miembro de la Alianza y de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), recalcó que Daniel Ortega sigue mostrando «poca voluntad política» para encontrar una solución política y asegurar el cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de negociación.

Bares y farmacias cerrados 

El 23 de mayo, mientras se llevaba a acabo el paro nacional, el cual fue un éxito según los miembros de la Alianza Cívica, los ciudadanos de diferentes departamentos reportaban acoso de fanáticos y oficiales de la Policía quienes tomaban fotos de los negocios que se sumaron a la convocatoria para exigir justicia por el asesinato de Eddy Montes y la libertad de todos los presos políticos. 

De igual manera, los orteguistas solicitaron a la familia Ortega-Murillo, con una lista de negocios, cerrarlos por el «apoyo ilegal» a esta actividad cívica, a pesar que el país está sumergida en una grave crisis económica que ha cobrado el empleo de miles de personas y ha provocado el cierre de muchas empresas.

Para el economista y docente Luis Murillo, esto representa «más desempleo, menos actividad económica y la caída en la recaudación del Estado». 

Hasta el momento se reporta que han quitado licencias a dos bares de la ciudad de León, restaurantes y farmacias de la Isla de Ometepe, una farmacia en Ocotal, tiendas en Boaco y una farmacia en el municipio de Camoapa.

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