Tras el estallido social que inició el 18 de abril de 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la dictadura respondió con represión. La primera víctima se registró tan solo un día después de haber empezado las manifestaciones. Según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la masacre ha dejado entre 327 y 525 ciudadanos asesinados, en su mayoría, jóvenes menores de 25 años.
La violencia dirigida por el Estado ha marcado Nicaragua. Algunos casos han traspasado fronteras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al igual que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señalan a la administración Ortega-Murillo de ser el principal responsable de los crímenes y han confirmado que la Policía y los paramilitares afines al régimen usaron armas de alto calibre que impactaron el cuello, la cabeza y el tórax de los ciudadanos que decidieron unirse a lucha cívica.
Asesinato de Alvarito
El 20 de abril, el adolescente de 15 años Álvaro Conrado fue víctima de un disparo certero en el cuello. El estudiante del Instituto Loyola de la capital recibió el impacto en las cercanías de la catedral de Managua. El joven había decidido llevar agua y bicarbonato a los universitarios que se habían unido a las protestas contra las reformas al seguro social. Sin informar a sus padres, decidió irse porque pensaba que debían defender los derechos de los adultos mayores y en medio de la brutal represión de la guardia orteguista recibió el balazo.
Llegó con vida al Hospital Cruz Azul, pero el personal médico le negó la atención. Lo trasladaron a otro centro asistencial y fue muy tarde. Tres horas después murió. “Alvarito” se convirtió en el primer niño mártir y la víctima más joven de las balas del régimen.
Álvaro Conrado, padre del estudiante, denunció a los medios de comunicación que “la herida era grave, pero como se desangró (Alvarito) no había oportunidad (de salvarlo). La persona que lo recogió me dijo que ni abrieron la puerta (del hospital). Yo espero que haya justicia. Ahí están las pruebas, mi hijo tenía un impacto de bala contundente en el cuello, de arma de guerra, no era revólver”.
Noticia relacionada: El poema de Gioconda Belli para Álvaro Conrado
Desde ese entonces, su familia sigue demandando justicia y la madre del menor, Lizeth Dávila, ha dicho que “Nosotros vamos a seguir pidiendo justicia, yo se lo prometí a mi hijo de que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias para buscar la justicia y que su muerte no sea en vano”.
La familia del Carlos Marx
Otro de los casos que estremeció el país fue el ataque contra una familia en el barrio Carlos Marx, en Managua. El sábado, 16 de junio, circulaban desde primeras horas de la mañana las imágenes de un incendio en una vivienda de tres pisos. La familia Pavón, quienes se dedicaban a la venta de colchones, había sido víctima de policías y paramilitares.
El video de una de las sobrevivientes dio la vuelta al mundo. “Quemaron a mi familia, a mi mamá, a mis niños… Maldigo a Daniel Ortega y a toda su descendencia”, fueron las palabras en ese momento de Ana Velásquez, quien recurrió a una transmisión en vivo en busca de auxilio. Posteriormente, relató a la BBC que “ellos (los que incendiaron la vivienda) venían encapuchados, acompañados de policías, nos encerraron y nos quemaron vivos” y aunque ahora niega esa versión su testimonio quedó grabado.
Supuestamente, la acción se debió a que los habitantes de esa casa se negaron a que usaran su propiedad para ubicar a francotiradores que vigilaran la zona de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), uno de los bastiones de lucha más fuertes en contra de la tiranía.
Noticia relacionada: Dictadura presenta una narración novelesca del crimen del Carlos Marx
Seis miembros de los Pavón murieron carbonizados, entre ellos, un niño de seis meses y una de dos años y medio. Los vecinos denunciaron que fueron amenazados por los encapuchados y que por eso, no pudieron ayudar.
“El hombre de la tiradora”
Marcelo Mayorga, originario de Masaya, fue otra de las víctimas del régimen. Fue asesinado el 19 de junio de un disparo en la cabeza. En la escena, el hombre de 40 años quedó tirado boca abajo con una tiradora al lado, el arma con la que se defendía de las balas del régimen.
Ese día los oficiales de la dictadura en conjunto con paramilitares entraron a la ciudad para ejecutar su “plan limpieza” y desmontar las barricadas que colocaron los pobladores en forma de protesta y para protegerse de los ataques dirigidos por el Estado.
Auxiliadora Cardoze, esposa de Marcelo, entre gritos y lágrimas suplicó a la Policía que le permitieran levantar el cuerpo de su marido, mientras la guardia de lo impedía. Ella misma dijo después que su marido “era el destinado de hacer llegar las provisiones a los estudiantes, de hacer llegar las medicinas y provisiones a las iglesias, en cada tranque y en cada puesto”.
Noticia relacionada: Marcelo Mayorga, el hombre de la tiradora, asesinado por la dictadura de Daniel Ortega
En declaraciones a Artículo 66, Cardoze también recalcó que “cuando se da los ataques de la policía, Marcelo empezó a ir porque alguien tenía que hacerse cargo de retirar a los heridos, inclusive, cuando era capturado algún policía o CPC (ciudadano orteguista) en los tranques, mi marido junto con otros abogaban para que no los golpearan y los entregaban al doctor Álvaro Leiva (defensor de derechos humanos) o a los sacerdotes, especialmente al de San Miguel, el padre Edwin Román, para que fueran liberados”.
Estos crímenes siguen en la impunidad, mientras la tiranía mantiene como rehenes políticos a cerca de 800 ciudadanos, quienes permanecen encarcelados por ejercer su derecho a la manifestación y reunión pacífica.