Estas fueron las noticias más importantes del 02 de mayo de 2019

Alexander David López Gómez, de 19 años, originario de Masaya, ha sido secuestrado en múltiples ocasiones por la Policía y paramilitares orteguistas, quienes lo acusan por supuesta complicidad con las detonaciones de bombas de contacto en esa ciudad y lo vinculan con el líder opositor y preso político Yubrank Suazo, de quien dicen es pariente. López denunció que lo han amenazado con matarlo y que ha sufrido tortura sicológica, golpes y choques eléctricos dirigidos por los agentes de la dictadura. Además, recalcó que mientras estuvo detenido ilegalmente en más de una ocasión, le dieron a beber una pastilla color rosada, que le provocaba mareo, cansancio y sueño.

Este es el testimonio de dos de las cuatro jóvenes, entre ellas dos menores de edad, que fueron apresadas ilegalmente por la guardia orteguista de Matagalpa el primero de mayo solo por realizar pintas y gritar consignas demandando justicia, libertad y democracia. 

La delegación de la dictadura se lamentó este jueves, dos de mayo, por las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos impuso a la mujer de Daniel Ortega, Rosario Murillo, y a los negocios que eran administrados por sus hijos, señalando que esas medidas son ilegales y unilaterales. El régimen continuó con su argumento que los principales afectados son “todos los sectores de la sociedad nicaragüense, particularmente, los más vulnerables, los más pobres”, aunque realmente son los funcionarios del orteguismo a los que les han aplicado la Ley Magnitsky, entre ellos, el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega; el consuegro de los Ortega-Murillo y jefe de la guardia, Francisco Díaz así como Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua.

Los miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) calificaron el discurso de los delegados del régimen sobre las sanciones como “falaz”. Violeta Granera, coordinadora nacional del Frente Amplio por la Democracia, calificó como “una cínica cortina de humo de Daniel Ortega que apunta desesperadamente a proteger su capital familiar y el de sus allegados, amparada a la sombra de una dictadura corrupta. Todos sabemos que las sanciones son individuales y que las leyes de los países las aplican cuando tienen pruebas de esta corrupción”. Por su parte, la Alianza remarcó que “las sanciones seguirán y concluirán hasta que la dictadura se vaya, tengamos un estado de derecho pleno y elecciones anticipadas y libres”. 

Entidades consultadas por el diario La Prensa aseguraron que el Banco Corporativo S.A, (Bancorp) ha empezado a devolver el dinero depositado por la población y entidades financieras. Hasta el momento se desconoce si se creó una junta liquidadora, a como lo establece la ley, para hacerse cargo de la disolución del banco. 

El periodista de Masaya Marlon Powell Sánchez fue acusado el lunes, 29 de abril, por la Fiscalía orteguista por los delitos de crimen organizado, robo agravado e incendio del edificio de la Procuraduría General de la República y Ministerio Público de Nicaragua en esa ciudad. La acusación por parte del régimen fue emitida ante la juez Karen Vanesa Chavarría Morales, del juzgado noveno de Distrito de lo Penal de Managua.