La tarde del 25 de marzo, el representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Pallais, aseguro que tras seis días desde que se anunciara la liberación de todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días, ya estaban trabajando en un calendario de liberaciones. Pero no indicó cuándo la dictadura soltaría al primer reo, de los más de 700 que mantiene secuestrados en sus cárceles.
Tanto los defensores de derechos humanos como los movimientos políticos coinciden en que en el proceso de liberación de los presos políticos debe de participar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y no solamente la Cruz Roja Internacional como lo quiere la dictadura orteguista.
«La Participación de la CIDH en este proceso me parece correcta, es un garante, la Cruz Roja tiene un mandato más de compromiso humanitario, mientras que el trabajo de la CIDH, gracias al apoyo de las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y de las víctimas, tiene mayor documentación de los casos. Lo que pasa es que el régimen no los quiere porque sus informes han desatado las sanciones en contra del Gobierno», afirma Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Para el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, en la dictadura «no hay voluntad real» para liberar a los presos políticos, y señala que nadie está más capacitado para participar de la liberación de los presos políticos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«La CIDH tiene a los técnicos especialistas que han participado en procesos similares en otros países como México y Guatemala, así que este tranque de no querer dejar entrar a la CIDH se cae por su propio peso, estas son tácticas dilatorias. La CIDH debe participar en la liberación», dijo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
La Unidad Nacional Azul y Blanco igualmente urgió, a través de un comunicado, la incorporación de la CIDH en el proceso de liberación.
«Exigimos como condición indispensable para garantizar la implementación y la credibilidad en las negociaciones, la incorporación inmediata de la CIDH, cuyo mandato les permite ser garante de todos los acuerdos relativos a la liberación de los prisioneros y el restablecimiento de los derechos ciudadanos».
Comunicado #24
LIBERTAD A NUESTRAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS Y GARANTES INTERNACIONALES#UnidadNacional pic.twitter.com/snZFx8L6iw
— Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) 26 de marzo de 2019
El 22 de marzo, durante la presentación del último informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, su director ejecutivo, Paulo Abrão, aseguró que están listos para volver a Nicaragua, para seguir monitoreando la situación en el país y continuar trabajando sobre el terreno. El secretario ejecutivo de la CIDH también enfatizó en que tienen más información sobre el patrón que usó el régimen de Ortega empleando agentes estatales, fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas; actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones».
El lunes, 25 de marzo, Abrão declaró a Artículo 66 que los procedimientos básicos para la liberación “tienen que ver con verificación de la integridad física y psicológica, y asistencia postraumática” para cada uno de los presos que sean liberados.
Abrão explicó que si la CIDH participa, será de su interés la “documentación de la situación que han vivido en las cárceles y la situación procesal de cada uno de ellos individualmente”.
El secretario ejecutivo de la CIDH dijo que el seguimiento que brindarían a la situación de los presos políticos que vayan siendo liberados por la dictadura, será “por medio del retorno del (Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua) Meseni”.
