A 11 meses, de la mayor crisis sociopolítica y económica en el país, bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los ciudadanos siguen resistiendo y protestando de formas creativas contra el régimen, a quien le demandan la libertad de más de 600 presos políticos, justicia y democracia para Nicaragua.
Nuevamente los nicaragüenses fueron víctima de un ataque violento y “criminal” el cual quedó registrado en los teléfonos celulares de cientos de manifestantes que resistían los golpes, balas y gases lacrimógenos de la Policía orteguista.
Entre los agredidos el sábado, 16 de marzo, se encuentra el periodista Luis Sequeira, a quien asaltaron y robaron sus equipos de trabajo mientras grababa el momento en que los oficiales en conjunto con paramilitares, fuertemente armados, secuestraban a una mujer que portaba la bandera de Nicaragua.
La crisis provocada por la represión de los Ortega-Murillo ha causado que la comunidad internacional en conjunto con los organismos de derechos humanos condenen la represión y exijan la liberación de más de 600 presos políticos, para lograr realizar un diálogo nacional creíble y que tenga como objetivo encontrar una “salida negociada”.
Asimismo, han aplicado sanciones a los cómplices de las violaciones a los derechos humanos entre los que destaca la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se ha sentado nuevamente con una delegación del régimen para encontrar una salida a la crisis, ha declarado que el régimen no muestra voluntad de cambio porque secuestra ciudadanos, viola el derecho a manifestarse, agrede a los periodista y tortura constantemente a los presos políticos.
Los universitarios, a raíz de las prohibición del régimen de manifestarse en las calles, hace más de cinco meses, han decido desde la Universidad Centroamericana (UCA) protestar y demandar democracia, justicia y libertad para el país. Además de utilizar este recinto como escudo para protegerse de las agresiones de la Policía y paramilitares.
La represión orquestada por la familia presidencial, el 18 de abril de 2018, ha provocado la muerte de más de 300 ciudadanos, el exilio de miles y más de 600 presos políticos, según los organismos de derechos humanos. Hasta el momento la dictadura, a través de un proceso lento y señalado como “burla”, ha otorgado casa por cárcel a 150 reos políticos, a pesar que la comunidad internacional pide que todos sean liberados.
Por su parte, los líderes políticos y universitarios aseguran que el dictador sigue apostando por la represión, intimidación y secuestro para mantenerse en el poder, obviando las recomendaciones y advertencias de la comunidad internacional, quienes insisten en la liberación de los presos políticos, respetar el derecho a la manifestación y organización y realizar reformas electorales.
Además, de manera firme el eurodiputado Ramón Jáuregui, quien con una delegación de parlamentarios visitó Nicaragua entre el 20 y 23 de enero, le ha dicho a Ortega que no puede jugar ni seguirse burlando del pueblo, porque esto solo acelera los procesos para aplicar las sanciones contra su régimen.
Intervención Pleno: Situación en #Nicaragua.13/03/2019 https://t.co/d6cYPpGjpW
— Ramón Jáuregui (@RJaureguiA) 13 de marzo de 2019
Finalmente, en 11 meses, de resistencia pacífica los ciudadanos volvieron a salir a las calles retando el poder de Ortega, quien quedó en evidencia ante la comunidad internacional que no tiene el mínimo interés de solucionar la crisis de Nicaragua, según la representante del Frente Amplio por la Democracia (FAD) Violeta Granera.
