El eurodiputado Ramón Jáuregui explicó en el Congreso de Diputados en Madrid, España la resolución aprobada la mañana de este jueves, 14 de marzo, en el europarlamento, contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Jáuregui, quien estuvo al frente de la misión de eurodiputados que visitaron Nicaragua entre el 20 y 23 de enero, volvió a denunciar el asesinato de más de 300 ciudadanos nicaragüenses, a manos de la tiranía de los Ortega Murillo, según lo ha certificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Jáuregui detalló que las sanciones individuales serán aplicadas directamente contra los “protagonistas del quebrantamiento del Estado de derecho”, desde el responsable de no haber atendido a los heridos, en las manifestaciones, hasta el gobierno, a quienes se les cancelará visa y se congelaran sus bienes y activos.
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“Cuando se aplique la suspensión del acuerdo de asociación que tenemos con Centroamérica, en este caso que tenemos con Nicaragua, los riesgos de perjuicio social son muy grandes”, explicó el eurodiputado.
Detalló que es “fácil decir sanciones”, pero su aplicación perjudicaría a los obreros de las empresas, por eso iniciarán con las sanciones individuales.
Cláusula democrática
El parlamentario manifestó que han “pedido tímidamente” que se apliqué la cláusula democrática que suspendería inmediatamente a Nicaragua del acuerdo comercial entre Europa y Centroamérica.
Resaltó que también añadieron un párrafo nuevo de una enmienda presentada en el Parlamento Europeo, que solicita a la Corte Suprema de Nicaraguaa, la extradición del italiano Alessio Casimirri, condenado seis veces por los tribunales italianos y que se refugió en Nicaragua en los años 80, durante el primer gobierno sandinista. Casimirri está condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por el asesinato del exministro italiano Aldo Moro, en 1978. Daniel Ortega lo ha protegido, en Managua, desde aquellos años de la revolución.
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Concluyó que la resolución RC8-0165/2019 en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados de violar los derechos humanos de los nicaragüenses desde que iniciaron las protestas contra la dictadura, en abril de 2018, fue aprobada con 322 votos a favor.
La dictadura ha tenido casi un año para borrar evidencias y construir en la oscuridad el monumento más infame a la impunidad que jamás hayamos conocido. Han movido su dinero a su gusto y antojo, cambiado sus cuentas y testaferros y han invisibilizado como han querido a sus sicarios. A los que detrás de una capucha, un casco o un pañuelo, descargaron sus armas de guerra contra gente desarmada, a vista y paciencia de sus cómplices de la Policía que los acuerparon y los secundaron sin reparo. Algunos de estos gatilleros vinieron de Venezuela y Cuba, donde regresaron una vez completada su fatídica tarea. Otros estaban aquí, disfrazados de cualquier cosa o viviendo una vida miserable de desmovilizados del Servicio Militar, el ejército, el MINT, o incluso la contra. Muchos salieron de la cárcel con la promesa de anularles la pena a cambio de “defender a la revolución” y al Comandante – el mismito guión cubano que aplican Venezuela -. Otros salieron de asentamientos y barriadas, donde inicialmente les ofrecieron entre 200 y 500 pesos, por hacer bulto en los piquetes y marchas oficialistas, y después otras prebendas por armarse y masacrar a la gente. Detrás de todos ellos, están muchos nombres que conocemos por las sanciones, pero también muchos otros que siguen moviéndose impunemente a riesgo de desaparecer o pasar desapercibidos. Uno de ellos, completamente ignorado, pero con un poder y una maldad infinita es JOSÉ MUJICA, el famoso testaferro ahora convertido en gerente del aeropuerto que hace tiempo se ganó algunos artículos y reportajes en La Prensa y Confidencial por su prodigiosa capacidad de hacer negocios turbios. El mismo de quién se dijo el año pasado, fue el que disparó contra una marcha azul y blanco frente a Galerías Santo Domingo, desde una camioneta de tina que después apareció parqueada en una estación de Policía, ¿se acuerdan? Pues bien, este infame sujeto que acostumbra, según sus más fieles empleados, a terminar sus reuniones ordenando atentados contra personas indeseables caídas en desgracia, es uno de los que guarda en su casa quintales de billetes que asolean religiosamente, como si de un beneficio de secado de café se tratara. Los fajos de dólares de la caleta de Mojica, es una parte del “dinero operativo” que desde hace mucho tiempo ha estado disponibles para que sus patrones sobornen o chantajeen a quién quieran, o bien para hacer transacciones en efectivo que no dejan rastros, porque, a decir verdad, una libreta con apuntes o un recibo en papel cualquiera con nombre falso no dicen nada. Así que, ya ven, pues: los que salieron a rasgarse las vestiduras acusando al narcotráfico internacional de estar detrás del intento, dicen ellos, de “golpe de estado”, son los mismos hipócritas degenerados, que viven y matan como sultanes mafiosos. Por toda esa maraña asquerosa de impunidad y por nuestro historial de país corrupto e impune, donde hubieron casi 100,000 muertos en dos guerras sucesivas, pero NINGUNA COMISION DE LA VERDAD INTERNACIONAL, para investigar las denuncias de crímenes de lesa humanidad y ya no digamos, JUSTICIA TRANSICIONAL para juzgar a los responsables, pero sí unos cuantos magnicidios y muertes demasiado sospechosas que nunca se investigaron cómo se debe, como la de Pedro Joaquín Chamorro, Enrique Bermúdez, Arges Sequeira, Jean Paul Genie, Herty Levites, Carlos Guadamuz, Alexis Argüello, etc., por los que ningún autor intelectual o material esté en la cárcel, dudo mucho que esta vez todos los responsables de la mayor masacre en tiempos de paz de este país, sean identificados y sancionados o vayan a parar a la cárcel. Es sumamente triste y doloroso reconocerlo. Pero es nuestra lamentable realidad de país atrasado, en el que hoy más que nunca cobra relevancia esa declaración fatídica que dice que los pueblos, tienen los gobiernos, y la historia diría yo, que se merecen.