La familia presidencial de Nicaragua ha creado un holding de medios de comunicación compuesto por al menos cinco canales de televisión, una decena de radioemisoras, cuatro portales digitales y una productora audiovisual, esta última controla exclusivamente el negocio de la publicidad en traseras de buses. Todas esas empresas constituyen una millonaria máquina de propaganda, administrada directamente por los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre todos estos medios de comunicación, el clan presidencial amasa una fortuna en publicidad gubernamental. Nadie controla. La vicepresidenta Murillo administra esos fondos como una gigantesca caja chica privada.
Artículo 66 hurgó en el Programa Anual de Compras (PAC) 2018, del portal Nicaragua Compra, el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De un total de 105 instituciones de Estado que reportaron sus gastos, licitaciones y compras públicas; este equipo de investigación logró filtrar, una a una, las entidades gubernamentales que destinaron fondos de su presupuesto al rubro de publicidad.
En total, durante todo el 2018, 46 entidades del Estado gastaron 131,760,835 córdobas, según se desprende del archivo digital.
Teniendo el consolidado total del gasto, indagamos en el Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado (SISCAE) para tratar de identificar cómo se distribuyó ese presupuesto, cuántas convocatorias a licitaciones se realizaron, cuántos proveedores acudieron y quiénes representan a las empresas beneficiadas con los contratos.
Para tratar de evaluar en detalle esas operaciones y determinar el nivel de transparencia en las adjudicaciones, de las 46 instituciones con gasto publicitario, el equipo de investigación de Artículo 66 seleccionó las cinco que más gastan en ese rubro.
Así determinamos que de más a menos, el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) gastó 34,680,890.22 córdobas; seguido por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con 19,085,765.34 córdobas; en tercer lugar, el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) con 15,310,390.01 córdobas; Telecomunicaciones y Correos (Telcor) con 7,500,000.00 córdobas y en la quinta posición la Lotería Nacional, con 6, 270,261.46 córdobas.
De estas instituciones, encontramos que cuatro realizaron invitaciones para licitaciones de compras que debieron ejecutarse en el primer trimestre del 2018. Sin embargo, los procesos licitatorios en la página web del SISCAE aparecen como “en proceso”, es decir, las contrataciones nunca se hicieron y por tanto tampoco se sabe a quién se los adjudicaron.
La única institución pública, de estas cinco, que destinó su presupuesto para propaganda fue la Lotería Nacional. La entidad repartió 6.2 millones de córdobas, entre los canales 2, 4, 6, 8, 13 y Radio Ya. Casualmente, los medios de comunicación del holding Ortega Murillo.
Patricia Orozco, directora del programa radial Onda Local, aseguró que el pastel publicitario no sale “de la bolsa de los que administran el país, sino que es una síntesis de los impuestos que paga la ciudadanía, que debe de ser devuelto a la población a través de una política horizontal, administrativa y vinculada a criterios”.
¿Gasto camuflado?
En el proceso investigativo analizamos que en los ítems publicitarios de varias instituciones hay rubros que nada tienen que ver con publicidad, ni con medios de comunicación. Tampoco se reflejan impresiones, ni rótulos, ni spot de televisión o radio, ni producciones audiovisuales, pero esto es para los especialistas son identificadas como gastos en publicidad.
Un ejemplo de este tipo de irregularidad lo detectamos en el Ministerio de Salud (Minsa). Como gasto, supuestamente para publicidad, detallan el pago de “mantenimiento y tapizado” de la ambulancia del municipio de Telpaneca, Madriz. El Minsa gastó en ese trabajo 25 mil córdobas. Según agrega el documento oficial, estos fondos fueron donados por el Banco Mundial. En el SISCAE tampoco hay detalles de la convocatoria ni adjudicación.
En el PAC del Minsa este servicio se tuvo que haber ejecutado el 5 de noviembre de 2018, sin embargo no hay documentos que detallen el destino del gasto, ni la razón de relacionar el mantenimiento de sus vehículos con publicidad, porque para este rubro tienen un ítems en su catálogo contable.
Otra de las anomalías encontradas en 10 de las 105 instituciones del Estado es la adquisición de camisetas serigrafiadas, que generan un gasto de 6,146,817.82 córdobas. Este se ubica en el rubro de ropa y publicidad, pero no forman parte de los uniformes de sus colaboradores porque existe otro que detalla esa adquisición. La sospecha es que el rubro de “camisetas serigrafiadas” se refiera en realidad a piezas de la propaganda multicolor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con las que el oficialismo uniforma a sus bases cada vez que asisten a actos partidarios.
El gasto en “camisetas serigrafiadas” dentro del rubro para publicidad también se muestra en el presupuesto del Instituto de Turismo. Tampoco se descarta que en realidad esté cubriendo propaganda explícita del partido rojinegro.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinó 900,000 córdobas de su presupuesto anual a la compra de camisetas que se obtuvieron en los meses de mayo, agosto, septiembre y noviembre. En el Siscae del Poder Judicial tampoco hay más información que explique el proceso de compras de estas adquisiciones, a pesar que en su PAC 2018 existen seis ítems que describen el servicio y declaran que fue financiado por el Gobierno de Nicaragua.
La Empresa Portuaria Nacional (EPN) incluyó en el rubro publicitario la fiesta de fin de año de 2018, que suma 360,000 córdobas, para el 17 de octubre del año pasado, el cual no aparece en el detalle de compras, pero en el PAC, declaran que fue costeado por el Gobierno de Nicaragua.
La inversión de la EPN destinadas a las televisoras nacionales es de 110,000 córdobas, pero en las adjudicaciones, alrededor de cinco convocatorias, quedaron “en evaluación”, durante los meses de octubre, noviembre y las dos primeras semanas de diciembre.
Las convocatorias ausentes
La Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, Ley No. 737, establece, en el Artículo 6 inciso 2, que “los organismos y entidades del Sector Público, con el objeto de garantizar la transparencia de la actividad administrativa deberán dar a conocer los procesos de contratación, así como permitir el acceso de la ciudadanía a la información relacionada a dichos procesos”.
Sin embargo, la especialista en temas de presupuesto y compras públicas Dayra Valle explicó que el mercado de la comunicación y la publicidad en Nicaragua es bastante amplio, pero las contrataciones van dirigidas a ciertos proveedores cercenando el derecho de los empresarios a aplicar.
“Probablemente los mecanismos de convocatoria son muy cerrados y no se estén enviando las invitaciones a todos, probablemente estas son direccionadas; eso sería una violación a la Ley 737. Por otra parte, la ley es clara, que no se pueden establecer criterios discriminatorios en los pliegos de base o en los requerimientos para que presenten su oferta”.
La convocatoria se hace dependiendo del procedimiento aplicado, obligándola casi siempre a ser lo más pública posible para generar más competencia en los precios y entre los proveedores, ayudando al desarrollo de las micro, medianas y pequeñas empresas.
“Entre más proveedores hayan les da la oportunidad de competir, pero también a nosotros nos da la oportunidad de conocer quiénes quieren ser proveedores del Estado y genera competencia entre ellos y la competencia genera que haya mejores precios para ser más eficientes en el manejo de los recursos públicos”, detalló la experta.
Aunque las leyes establecen candados y límites que favorecen la transparencia y libre competencia de proveedores del Estado, las autoridades de los ministerios y entes descentralizados operan según la “orden de arriba” y la publicidad termina quedando en las mismas manos. Las manos de los hijos del presidente Ortega y su clan de medios.
El monopolio publicitario de la dictadura
Una investigación realizada por el periodista Julio López, reportero del programa Onda Local, en el 2017, corroboró que hasta la fecha, de los “nueve canales en televisión abierta (VHF) que existen en Nicaragua, ocho son controlados por la familia Ortega-Murillo”. Son propietarios absolutos de los canales 4, 8 y 13, manejan como órgano de propaganda el estatal Canal 6 y controlan el sistema informativo de Canal 2. Todos estos medios son administrados por los hijos de la pareja gobernante.
Cuando Daniel Ortega retornó a la presidencia en el 2007, era propietario únicamente del Canal 4, La Nueva Radio Ya y Radio Sandino, pero no eran suficiente. Ortega quería más y más para controlar las opiniones y el tipo de noticias que se transmitían.
El control de la propiedad de los medios de comunicación trajo consigo la concentración de la publicidad estatal. Hasta ahora, la pauta publicitaria gubernamental ha sido manejada para el provecho de sus hijos y sus empresas.
Parte del monopolio de la familia presidencial incluye el manejo de la producción audiovisual de spot y campañas de las instituciones, a través de la empresa Difuso, administrada por Juan Carlos Ortega, quien también maneja el Canal 8 de televisión.
Difuso además controla la publicidad gráfica en las traseras de los buses del transporte urbano de Managua. Es un negocio privado que se ofrece a las entidades públicas, pero también al comercio y empresas privadas.
Traseras de buses
A través de un recorrido realizado por el equipo de Artículo 66, en las diferentes cooperativas de transporte interurbano colectivo encontramos que las traseras de buses son un servicio brindado solo por Difuso. Esta empresa, además, paga por adelantado la exclusividad a los transportistas, según constatamos en la terminal de la ruta 110, en el Mercado El Mayoreo, en Managua.
Este monopolio le otorga el poder a Difuso de decidir a qué clientes les brinda el servicio y quién no, de acuerdo con el contenido de la publicidad que desean mostrar. Además, sus precios no tienen competencia en el mercado publicitario.
Difuso ofrece desde su sitio web “servicios integrales en el campo de la publicidad, marketing, comunicaciones y la producción audiovisual”.
En el reporte presupuestario del gasto del 2018, de las 46 entidades que reportaron gastos en publicidad, tres instituciones declararon en el Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado (Siscae), el alquiler de traseras de buses para ubicar publicidad. El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) gastó en ese rubro 450,000.00 córdobas, la Lotería Nacional, 149,847.39 córdobas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) con 126,200.00 córdobas.
Según el Siscae, la contratación de una trasera de bus por un mes es de 293.25 dólares. En la resolución de adjudicación 176-2019 de la Lotería Nacional, el equipo detectó que se le otorgó como proveedores de este servicio a Difuso Comunicaciones S.A. por un monto de 2 mil 346 dólares y a Tatiana Nadina Álvarez Ruiz por 2 mil dólares, ambos con IVA incluido, generando un total de 4 mil 346 dólares.
Dicha contratación fue destinada para la Campaña Navideña 2018 “El Matracazo” del 22 de noviembre al 23 de diciembre. En el caso de Tatiana Álvarez Ruíz sus artes serían destinados para 10 municipios del país.
En el PAC, la Lotería Nacional solo registra 149 mil 847.390 córdobas destinados para traseras de buses; pero en el Siscae el montó para un mes asciende los 4 mil dólares.
Los transportistas mensualmente reciben 65 dólares. Jairo Acevedo, de la cooperativa de Transporte Unidos, que administra la ruta 110, de Managua, aseguró que ellos desconocen el proceso para contratar este servicio porque desde la adquisición de las unidades, los contratos son firmados con Difuso y a ellos solo les avisan dónde llevar la ruta para pegar la publicidad.
Durante el recorrido por las cooperativas, los administradores del servicio de transporte público prefirieron guardar silencio sobre Difuso y la publicidad que andan en sus unidades. Acevedo, entre el temor y la poca información, apenas dijo cómo funciona el contrato con la empresa de Juan Carlos Ortega.
Las arcas de los Ortega-Murillo
El control que ejerce la pareja gobernante en medios de comunicación radiales, televisivos y digitales también los ha obligado a subdividir el gasto presupuestario.
Por ejemplo, en el PAC del 2018, Artículo 66 encontró que de las 105 instituciones registradas, 16 declararon que gastaron 11,445,356.06 córdobas, que son divididos en la divulgación de actividades, espacios en programas deportivos y la producción de spots que son destinados a radios de cobertura nacional.
En el caso de la televisión el gasto de cuatro instituciones (Fondo de Inversión Social de Emergencia, Instituto Nicaragüense de Turismo, Lotería Nacional y Ministerio de Salud) de las 105 investigadas, según el PAC es de 4,717,459.00 córdobas. Sin embargo, la Lotería Nacional es la única que detalla que destinó 3,500 dólares para cada medio de comunicación (Canal 2, Canal 4, Canal 6, Canal 8 y Canal 13).
El paquete publicitario contratado en dichos medios fue para promocionar las actividades navideñas equivalentes a 25 spots con una duración de 20 segundos, pautadas del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2018.
Durante ese período, la Lotería Nacional realizó una inversión publicitaria de 13 mil 500 dólares, los cuales en su adjudicación explican que los medios que participaron en la “convocatoria” cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
El Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) mezclaron en un solo rubro los spots de radio y televisión para restar del Presupuesto General de la República 1,039,100.00 córdobas los cuales no especifican con qué medios realizaron las contrataciones.
Patricia Orozco, directora de Onda Local, aseguró que no hay licitaciones públicas o campañas para que los demás medios de comunicación puedan participar porque el Consejo Nacional de Comunicación decide a quiénes va a destinar el paquete publicitario.
“La publicidad estatal es tu derecho como medio de comunicación, como periodista. Tenemos derecho a ser parte de ese pastel”.
Empresas televisivas de Ortega no pueden licitar
Dayra Valle, especialista en presupuesto y compras, explicó que en el caso de proveedores gubernamentales ligados con funcionarios públicos están vetados por ley de participar en las licitaciones.
“La Ley 737 es clara y dice que algunos proveedores no pueden realizar contratos con el Estado (…) Ningún funcionario público que tenga alguna empresa o que tenga acciones en alguna empresa o personas en grado de consanguinidad y afinidad, asociadas a funcionarios públicos puede participar como proveedor del Estado. La Ley lo que trata es evitar el tráfico de influencia, para evitar situaciones posibles de corrupción”.
Propaganda partidaria pagada con presupuesto público
Durante la investigación, el equipo de Artículo 66 monitoreó la publicidad difundida en los medios oficialistas y en las traseras de buses, que identifican a las instituciones públicas.
En el caso de la Lotería Nacional, en su “Campaña Navideña 2018” se observó el uso de las frases que son utilizadas por la propaganda partidaria del FSLN, cuya estrategia de comunicación también la administra la primera dama, Rosario Murillo. “La lotería del pueblo”, “El pueblo presidente”, “Vamos adelante con fe y esperanza”, “En bendición y victorias”, son algunas de las frases empleadas en la publicidad institucional.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) usa al final de sus spots de televisión imágenes y mensajes empleados por Ortega y Murillo, las cuales son extraídas de los actos partidarios.
Por su parte, la periodista Patricia Orozco expresó que la publicidad y la propaganda son “cosas muy diferentes” y que no se pueden estar mezclando.
Siscae sin información del Intur y Marena
En el análisis del PAC del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y el Marena se encuentran varios ítems que detallan diferentes servicios publicitarios adquiridos durante todo el año, pero no todos son reflejados Siscae.
En el PAC reportado al Ministerio de Hacienda, estas instituciones declaran la adquisición de traseras de buses, compra de camisetas promocionales, gigantografías, volantes, publicidad radial y televisiva, producción de vídeos, entre otros servicios que no aparecen en el Siscae, lo cual no permite saber quiénes son las agencias publicitarias proveedoras de dichos servicios.
Sin embargo, varias de las producciones publicitarias de ambas empresas se pueden encontrar en sus sitios web o en sus canales de YouTube. La inversión del Intur en publicidad es de 15,310,390.01 córdobas y la del Marena es de 1,650,202.50 córdobas.
En el caso del Marena, reportan en el Siscae que adquirieron servicios publicitarios en Radio Uraccan Siuna, Radio Uraccan Rosita, Radio Bilwi Stereo y Radio Wangki Stereo de la Costa Atlántica, destinando 1 mil 50 dólares para cada medio, el 18 de diciembre de 2018; de acuerdo el acta de adjudicación No. 43-2018; dicha contratación tenía el objetivo promover el “Proyecto Apoyo a la Preparación de la Estrategia para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENDE-ReDD+)”, la cual fue por contratación directa bajo el No. Ni-Marena-71908-NC-DIR-175-2018, según los documentos en poder Artículo 66.
Liberta de prensa víctima de la dictadura de los Ortega-Murillo
Los medios de comunicación digitales, impresos y locales son las principales víctimas de la mala administración del pastel publicitario que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo distribuyen a su conveniencia.
La inversión del 2018 en publicidad, según los datos extraídos y analizados del PAC, fue de 131,760,835.35 córdobas, que quedan distribuidos en los medios oficialistas y afines a la pareja presidencial.
En el proceso de elaboración de este trabajo investigativo y de análisis de datos, Artículo 66 entrevistó a periodistas independientes y directores de medios de comunicación para conocer cuáles son los principales retos que han tenido que enfrentar por la mala administración del pastel publicitario estatal y cómo perjudica a la libertad de prensa esta práctica.
Juan Carlos Duarte, director de Radio Camoapa, aseguró que “la ausencia de una política pública de distribución equitativa impide que los medios pequeños, los medios que no son oficialistas, los medios que manejan criterios de independencia tengan más dificultades para garantizar su sostenibilidad y en la medida que hay menos recursos también hay menos posibilidades para la producción de contenidos”.
Para Duarte, el manejo del pastel publicitario ha sido administrado como una “cuenta de premio y castigo” en el que destinan única y exclusivamente para los medios complacientes con el régimen, desplazando al resto de medio de comunicación.
Desde que Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, planteó en su estrategia de comunicación la tesis de los medios que dicen la verdad y los que publican información “contaminada” se estableció un criterio “perverso” para la pauta publicitaria.
El periodista independiente Guillermo Cortés explicó que “la asignación de la pauta publicitaria debería de ser por criterios objetivos y profesionales, el alcance y la profundidad del medio de comunicación, el contenido no necesariamente tiene que ser un medio de grandes empresas, pero sí especializados”.
Autonomía en los medios de comunicación
Para los especialistas en medios de comunicación y directores de radio consultados, las empresas privadas, agencias de publicidad e instituciones gubernamentales que contratan pautas en los medios de comunicación tienen el objetivo de ganar favores o “comprar conciencias”.
“Afecta a la libertad de prensa y afecta también la posibilidad de expresión porque en la medida que hay menos recursos tenés menos capacidad para la contratación de personal, menos capacidad de garantizar la permanencia del medio de comunicación durante la jornada prevista o todos los días de manera ininterrumpida”, detalló Duarte.
Por su parte, el director del Observatorio de Medios de Comunicación, Guillermo Rothschuh dijo que la publicidad debería de distribuirse en todos los medios de comunicación; sin embargo el gobierno de Nicaragua da publicidad para callar voces y evitar críticas.
“Cuando se concentra la publicidad en determinados medios se hace por diferentes motivos. El más importante es que el gobierno desea una prensa supeditada a sus intereses”.
El “premio o castigo” también es una fuente de corrupción que alimenta los bolsillos de la pareja dictatorial. Para Patricia Orozco, la corrupción ha venido creciendo con este gobierno porque no hay licitaciones públicas ni hay campañas públicas para participar porque el Consejo Nacional de la Comunicación ya tiene seleccionados a los medios.
Tanto los medios locales, digitales y con líneas editoriales diferentes a las del gobierno quedan “al sol y al viento” buscando recursos para sobrevivir y seguir cumpliendo su misión de comunicar a la población, concluyó Orozco.
Esto solo es la publicidad, en servicios profesionales como consultoría también es la misma fiesta, de nada vale que hagan una licitación abierta por invitación, te invitan y de todos modos los procesos ya están amarrados. Son unos mafiosos gánsteres corruptos que de jactan de ser empresarios exitosos, pero delincuentes comunes.