Desde la aprobación en junio de 2013 de la “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atinente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”, conocida como la “Ley 840” o Ley Canalera, las familias campesinas han venido sufriendo las consecuencias de haberse levantado contra dicho proyecto.
Según una investigación del Centro de Comunicación Voces Nuestras, desde que los campesinos empezaron a manifestarse contra las acciones del régimen no han podido obtener financiamiento para cultivar. Asimismo, denunciaron que las propiedades se encuentran militarizadas y muchas de las personas que han sido críticas a la dictadura tienen que huir para resguardar sus vidas, dejando abandonadas sus propiedades.
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A pesar de que Daniel Ortega con la “ley canalera” aseguraba que el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua crecería un 13 % en el 2016, generaría 50 mil empleos directos y 500 mil indirectos; esto nunca se logró y el proyecto continúa solo en papel.
El desempleo, el acoso e intimidación han provocado que los campesinos emigren a Costa Rica para obtener otros ingresos, ya que las zonas están vacías y los comerciantes no entran por temor a los militares.
Las comunidades con mayor resistencia destacadas por la investigación son: La Unión, La Fonseca y El Tule de las cuales hasta la fecha su producción solo alcanza un 25 %. Además, en los últimos cinco años, no han contado con financiamientos bancarios ni programas sociales estatales porque son considerados “campesinos en resistencia”.
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En el 2016, la ruta del proyecto canalero incluía a 120 mil familias campesinas.
665 mil manzanas en abandono
El sociólogo Cirilo Otero aseguró al Centro de Comunicaciones Voces Nuestras que sus investigaciones señalan que hay 665 mil manzanas que están en abandono, las cuales se dedicaban a la cultura agrícola y pecuaria. Igualmente, resaltó que durante el primer trimestre de 2019, la pobreza va a aumentar en la ruta canalera.
“Son más de 300 mil personas que están sin trabajo, no hay capacidad para de manera sostenida producir los alimentos y ponerlos a disponibilidad en el mercado”, destacó Otero.
Desde la aprobación de esta ley, que no fue consultada con especialistas, los campesinos se levantaron pacíficamente exigiendo el respeto a sus propiedades y al medio ambiente. El 7 de abril de 2016, el movimiento campesino anticanal presentó una iniciativa de ley para derogar el acuerdo el cual contaba con 28 mil firmas notariadas, recolectadas en todo el país, pero el Parlamento se declaró incompetente para continuar con el proceso.
Durante las más de 80 manifestaciones de los campesinos y ciudadanos afectados por el “megaproyecto”, la guardia orteguista, en conjunto con grupos de choque, se encargó de atacar, agredir y limitar las vías para impedirles hacer sus marchas en varios puntos del país.
Cinco años después, no se ha licitado ninguna obra de construcción, ni se ha comprado ni expropiado las propiedades trazadas, el empresario chino Wang Jing no volvió a aparecer cerca de los Ortega-Murillo, y la promesa del megaproyecto jamás se volvió a mencionar en los discursos y comunicados del Estado. Sin embargo, los organismos de derechos humanos calculan que hay aproximadamente ocho líderes campesinos privados de libertad y en condiciones inhumanas después de que el régimen intentara vincularlos con las protestas que iniciaron en abril de 2018, a quienes señala de “terrorismo”.
