El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, al mando del orteguista Denis Moncada, señaló que el régimen de Daniel Ortega no pretende “generar un conflicto artificial con Costa Rica” sino que su fin es llamar al “cumplimiento” de “resguardar las fronteras” para evitar que “agrupaciones delincuenciales ejecuten crímenes en territorio” nacional.
Nicaragua señala a Costa Rica de albergar a integrantes de la agrupación criminal “Banda El Jobo”, a quienes acusa de ser los responsables de haber matado a tiros a cuatro policías nicaragüenses el jueves, 17 de enero, en la comarca San Marcos, en el municipio de San Carlos, Río San Juan.
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El Gobierno de Carlos Alvarado rechazó “de plano”, a través de un comunicado de la Cancillería, “la protesta de Nicaragua, al igual que cualquier sugerencia en cuanto a la posibilidad de que Costa Rica tenga responsabilidad alguna” en el asesinato de los oficiales.
El régimen Ortega-Murillo llama, igualmente a Costa Rica, a “establecer un mecanismo de comunicación acorde a las características que presenta el crimen organizado que actúa en la frontera para evitar que hechos delincuenciales afecten la seguridad de los habitantes de ambos países”.
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Esta nota fue enviada por la Cancillería de Nicaragua como respuesta a Costa Rica, quien el martes, 22 de enero, se pronunció y deslindó responsabilidades sobre las acusaciones que hace la administración orteguista. La misiva diplomática de la vecina del sur “rechaza no solo la protesta hecha por Nicaragua y los hechos alegados, sino además cualquier intento por parte del gobierno de Nicaragua de utilizar esta situación para sus propios fines”.
