Los dueños del gran capital de Nicaragua y las cámaras empresariales nacionales firmaron una carta para pedir a Daniel Ortega que ceda ante las demandas que han abanderado los ciudadanos nicaragüenses en los últimos siete meses: elecciones libres y transparentes, libertad para los presos políticos, fin de la represión y regreso al diálogo, como únicas medidas para salir de la profunda crisis política en la que el régimen dictatorial de Ortega y Murillo han metido al país.
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“El pasado 29 de mayo, desde la empresa privada le hicimos un llamado a realizar todos los esfuerzos a su alcance para encontrar una solución a la crisis política y social que el país enfrenta, que en ese momento acumulaba un saldo de 70 muertos y decenas de heridos, y evitar así que continuara aumentando el dolor entre las familias nicaragüenses”, le recriminan los empresarios a Ortega.
Consecuencias económicas “devastadoras”
El empresariado además le señala al dictador Ortega que “en los últimos meses, además del significativo deterioro de la libertad de expresión, de prensa y movilización, las consecuencias económicas han sido devastadoras. Ya son decenas de miles de nicaragüenses que han perdido sus empleos, o se han visto obligados a trabajar en la informalidad o están limitados a tener un subempleo, lo que ha resultado en el deterioro de la calidad de vida de igual cantidad de familias”.
Impacto en la banca
Igualmente le señalan el enorme impacto que las acciones de su dictadura contra los ciudadanos nicaragüenses, han causado contra el sistema financiero nacional. La crisis, le dicen a Ortega, ha provocado “una enorme incertidumbre y pérdida de la confianza, conllevando a una dramática reducción en los depósitos y el crédito y un aumento relevante del riesgo cambiario, lo que está incidiendo en una importante disminución de la inversión nacional y extranjera, con el consecuente deterioro de las calificaciones de riesgo del país y por tanto de la imagen del país. Lo anterior ha sido acompañado de una reducción del apoyo, y de imposición de sanciones, por parte de la comunidad internacional.
Las medidas urgentes que Ortega rehúye
“La solución debe incluir retomar reformas electorales acordadas con la Organización de Estados Americanos, incluyendo cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral, y los pasos necesarios para asegurar la realización de elecciones libres, justas, adelantadas y con observación nacional e internacional independiente”.
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En el documento, los empresarios además agregan que “es vital que cese la represión en el país. Las libertades deben asegurarse”, insisten, y llaman a que se promueva una verdadera tolerancia y reconciliación, “donde no haya cabida a los mensajes que promueven el odio y la intolerancia”, en alusión a las campañas negras emprendidas por la vicepresidenta y vocera del Gobierno, Rosario Murillo contra opositores, activistas, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica y periodistas.
“A las puertas de la Navidad, Nicaragua no debería tener personas encarceladas por el hecho de ejercer sus derechos fundamentales. Está en sus manos que alcancemos la reconciliación en el país que se base en una verdadera cultura de paz y justicia en donde los resultados sean visibles para todos”, dicen los empresarios a Ortega.
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La misiva está firmada por los consejeros del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que a la vez representan a los más grandes capitales, entre los que figuran Carlos Pellas, César Augusto Lacayo, Ramiro Ortiz y José Antonio Baltodano; los presidentes del COSEP, de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) y de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES); seguidos de 22 organizaciones gremiales y cámaras empresariales que integran al sector privado.