En las últimas semanas los organismos de derechos humanos han registrado cientos de detenciones en varias zonas del país. En el caso de León los ciudadanos reportaron el pasado 9 de noviembre, alrededor de 15 detenidos, en su mayoría jóvenes que ejercieron su derecho a la protesta cívica y pacífica.
La diáspora nicaragüense pidió a los senadores estadounidenses sancionar al dictador de Nicaragua, sus hijos, militares, policías y unos cien colaboradores del régimen, una vez que se apruebe la Ley Renacer.
Según los habitantes de León la cacería de la Policía orteguista contra los jóvenes se ha intensificado durante las últimas semanas en los barrios y repartos. El 20 del mes pasado registraron ocho jóvenes más encarcelados.
Los familiares de los afectados han comentado a los medios locales que han intentado mediar con la Policía, pero estos sólo les piden no hacer el caso público y a cambio no van a trasladar a los detenidos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
Sin embargo, muchos de los detenidos ya fueron trasladados a El Chipote y otros al Sistema Penitenciario La Modelo.
Gonzalo Carrión del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) expresó que están brindado acompañamiento a los familiares de los presos políticos de León. Asimismo, confirmó que no todas las víctimas y familiares están haciendo públicos sus casos porque han sido intimados por la Policía Nacional.
“Hemos conocido de personas detenidas en Nagarote, La Paz Centro y en occidente, aunque hay que destacar que no todas las víctimas y sus familiares denuncian. Eso tiene que ver con la intimidación que ejercen los que privan de libertad tanto los agentes de Policía como los paramilitares”, detalló el defensor de derechos humanos.
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Carrión reiteró la importancia de denunciar los casos de los presos políticos para que haya más presión popular; además de estar conscientes que Nicaragua es víctima de una “brutal represión” donde las denuncias a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, es necesaria.
La dictadura de Ortega y Murillo ha dejado como resultado el asesinato de más de 500 jóvenes, alrededor de 540 presos políticos, miles de personas en el exilio y el constante acoso a los que siguen cuestionando su administración o participaron de las manifestaciones cívicas.
El rostro de la represión en Nicaragua es representado por la Policía Nacional y paramilitares, quienes se han encargado de cercenar el derecho a la libre movilización y a la protesta pacífica con armas y recursos del Estado.
