Después de revisar detalladamente el reporte presupuestario en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) en las 105 instituciones que habían publicado sus proyecciones de gastos del 2018, hasta el 26 de noviembre, el equipo de Artículo 66 detectó que al menos 51 instituciones declararon que tendrían algún gasto relacionado con las festividades de fin de año.
De esas 51 entidades del Gobierno, únicamente 13 instituciones públicas publicaron en el PAC que gastarían en la construcción de un altar a la Purísima, en la Avenida de Bolívar a Chávez. Sin embargo, en un recorrido que el equipo periodístico realizó por la zona, convertida en un parque de diversiones por la primera dama, logramos constar que existen 51 estructuras luminosas, adornadas con artesanías, pinturas, esculturas, estructuras metálicas y enormes instalaciones de luces de todo color.
Entre esos 51 altares también figuran uno del oficialista Canal 13 (medio de comunicación privado de la familia presidencial); otro de la Caja Rural Nacional (Caruna), cooperativa de ahorro y crédito propiedad del partido gobernante y uno de la empresa binacional Albanisa, creada con capital proveniente de la cooperación venezolana y que funciona como holding privado de Ortega y su emporio económico.
Si se excluyen esos tres altares de empresas privadas, los nicaragüenses habrían pagado por la construcción de 48 instalaciones, que están en la Avenida Bolívar, pero tomando en cuenta que en los Planes de Compras únicamente se han declarado 13 instituciones, significa que hay 35 estructuras luminosas fantasmas. Aunque fueron construidos, dichas entidades gubernamentales lograron esconder los montos que se pagaron por ellos.
Entre las instituciones de esos altares fantasmas sobresalen el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Asamblea Nacional (AN), el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) o el Banco Central de Nicaragua (BCN), cuyos altares sobresalen en la Avenida de Bolívar a Chávez.
Con el ocultamiento del detalle de ese gasto, las instituciones violan el principio de transparencia que debe regir la administración del dinero público. “La idea de publicar el PAC es que los potenciales proveedores que pueden competir en este tipo de servicios puedan conocer con antelación qué tipo de servicios se requieren, y así generás mayor competencia, y la competencia es muy buena para generar eficiencia en la generación del gasto público. Lo otro es que como ciudadanos, lo importante de conocer el PAC es que sabemos en qué se están utilizando nuestros recursos públicos”, valoró Dayra Valle, la experta en compras y licitaciones del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
El experto en seguridad Manuel Israel Ruiz insistió en que para el Seguro Social, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI), quebrará en el 2019, lo primordial es garantizar las obligaciones adquiridas con los asegurados y los pensionados, «el pago de las pensiones que tenés, otro para garantizar la atención médica a los asegurados y también pagarle su salario; entonces, dentro de la tasa de cotización que pagan los trabajadores y empleadores no está el asunto de los altares porque esa no es una prioridad para el seguro social. Aunque no esté dentro de los gastos (reportados por el INSS), pero hay un altar del INSS, (por tanto), necesariamente el INSS tuvo que haber gastado porque nadie le va a regalar un altar a una institución».
El especialista califica ese gasto como «superfluo» y agrega que «Nicaragua es un estado laico que no debería gastar en eso, pero el INSS no tiene ningún fundamento jurídico para que gaste en altares, en nada que está fuera de la ley que dice el Seguro Social».
Mientras, el economista Luis Murillo Orozco refiere que aunque el dinero no esté reflejado existe la «posibilidad de que dentro del propio presupuesto de la institución quiten una partida y lo dirijan a esos rubros y lo otro es un ajuste en el presupuesto de cada una de las instituciones que, dicho sea de paso, se hace a nivel global». Esa posibilidad sería una violación a la ley, porque las instituciones deben declarar de manera específica y precisa en qué usan los recursos que se les asignan.
