El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lleva cuatro meses trabajando en Nicaragua bajo la continua violencia que se ha vivido desde el 18 de abril, lo que para el GIEI «representa una seria limitación para el trabajo que le ha sido encomendado».
El grupo de trabajo que fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que investigara la represión que el régimen de Daniel Ortega desencadenó contra los nicaragüenses, informa que el Estado de Nicaragua no ha colaborado con las investigaciones, ni con facilitar la información que el grupo de expertos ha solicitado.
«La metodología de trabajo del GIEI tuvo que adecuarse por la falta de cooperación de parte del Estado de Nicaragua. El GIEI no recibió ni la colaboración, ni la facilitación de las autoridades nicaragüenses para el ejercicio de la coadyuvancia que implicaba una labor estrecha con éstas, especialmente con el Ministerio Público».
El Estado no ha cooperado en nada
Ante el silencio de la dictadura de Daniel Ortega que aceptó colaborar mediante las instituciones del Estado para que los expertos pudieran investigar los hechos de violencia, estos han tenido que recopilar información de medios de comunicación, testimonios de víctimas y familiares e información de fuentes reservadas.
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«La información fue recopilada por el GIEI en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos de Norteamérica, México y España, entre otros países, mediante entrevistas directas a víctimas, familiares y otras personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos».
El GIEI en un intento de elaborar un plan integral de reparación para las víctimas y sus familiares invitó al régimen de Daniel Ortega «para presentarle los contenidos que serían parte de un proceso de consulta con víctimas y familiares, así como con organizaciones de la sociedad civil» Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega no respondió a la invitación ni se presentó a las reuniones.
«Una muestra de la falta de cooperación, fue la ausencia de las 19 instituciones del Estado invitadas a una Reunión Informativa sobre el concepto de reparaciones, estándares internacionales y prácticas comparadas sobre la materia para el día 15 de octubre de 2018. El GIEI tampoco ha recibido respuesta a sus reiterados pedidos para reunirse con las autoridades del Ministerio Público».
Ante la propuesta del GIEI de elaborar un plan integral de reparación para las víctimas el régimen orteguista respondió ofreciendo a los familiares de las víctimas supuestas reparaciones siempre y cuando estos no presentaran denuncias de las violaciones a los derechos humanos de sus seres queridos.
La dictadura no investiga sobre crímenes de la Policía
El informe de los expertos internacionales resaltó de manera particular el impacto negativo de la violencia en la vida de los niños y niñas, así mismo resaltó la falta de acceso de muchas personas heridas a una asistencia médica profesional en los hospitales públicos, el GIEI también denuncia el cruel chantaje al que han sido sometidas las familias de los asesinados.
«Se ha constatado un gran número de casos en los que el Estado no cumplió con su deber de realizar autopsias, medida que resulta fundamental para esclarecer los hechos. Muchas familias fueron obligadas a firmar actas renunciando a la investigación como condición para entregarles los restos de sus seres queridos».
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El grupo de expertos tiene conocimiento del uso desproporcionado de la fuerza de la Policía orteguista, y refiere que estos operativos violentos han dejado gran número de personas heridas y muertas. De igual manera el GIEI tiene conocimiento de la complicidad de la Policía con fuerzas parapoliciales que han actuado en conjunto para reprimir a los nicaragüenses, y afirma que pese a la gran cantidad de evidencia del abuso de estas fuerzas de represión la dictadura no ha iniciado ni siquiera una investigación al respecto.
«Está demostrado que las fuerzas policiales actuaron en connivencia con grupos para-estatales para controlar, dispersar y reprimir las protestas. No puede dejar de señalarse que, a pesar de las numerosas imágenes que dan cuenta del abuso de la fuerza por parte del Estado, no se ha informado que exista ninguna investigación o sentencia contra policías o contra personas que hayan actuado de manera coordinada con la policía».
Actual Fiscalía no ofrece ninguna garantía
El grupo de expertos finaliza su informe recomendando al Estado nicaragüense que ante la ausencia de garantías de independencia y objetividad del sistema penal, se debería de crear de manera urgente una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia que a fecha de hoy se siguen registrando en Nicaragua.
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«La Fiscalía Especial debería ser creada mediante una ley o conforme lo contempla el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, como forma de garantizar la independencia de los Fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal».
Ante esta recomendación el GIEI ofreció su asesoría técnica para crear dicha Fiscalía Especial, para conseguir que este ente logre trabajar con autonomía, independencia y reuna todos los requisitos internacionales y esté conformado por fiscales que sean seleccionado debidamente y «gocen de un prestigio indudable y del consenso de la mayor parte de los sectores de la sociedad civil nicaragüense».
Finalmente, el GIEI aseguró que, pese a todas las limitaciones impuestas por la dictadura, el equipo de trabajo ha podido reunir una importante cantidad de información, con la cual podrán concluir su mandato y anunciaron que al finalizar presentarán un informe final en el que plasmará sus conclusiones y recomendaciones y que, esperamos, sea de utilidad para que Nicaragua encuentre el camino de la justicia que las víctimas merecen.
