El primero de junio de este año la policía orteguista anunciaba desde los medios de propaganda de la dictadura la captura de Christian Josué Mendoza Fernández, alias «El Viper». En los siguientes días, el entonces empleado del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), pasó a ser el testigo confiable de la policía orteguista, y sus palabras serían tomadas como verdad absoluta en los tribunales del régimen.
Antes de convertirse en el supuesto cabecilla de una banda del crimen organizado que traficaba armas, drogas y realizaba robos y asesinatos, Christian Josué Mendoza trabajaba como chequeador de buses en el MTI.
El caso del taller Maynard y El Viper
El viernes 29 de marzo de 2013 José Faustino Toruño junto con otros sujetos entraron en el taller de armas Maynard ubicado en el barrio Santa Rosa en Managua. Ese viernes santo, los delincuentes sustrajeron 36 fusiles Ak-47 y un rifle Ar-15.
En los siguientes días que se conoció del robo, el entonces vocero de la Policía Nacional comisionado mayor Fernando Borge guardó silencio sobre los serios cuestionamientos que se le hicieron ante el robo de tal cantidad de armas de guerra.
La policía inició un fuerte operativo para dar con el arsenal. Días después capturaron a varios de los autores del delito y supuestamente con las armas robadas que fueron interceptadas en Chinandega en unos sacos, cuando las intentaban sacar con rumbo a Honduras. También se revelaría que el taller de donde fue robado el arsenal pertenecía a Donald Maynard Acevedo, tío del comisionado general Javier Maynard, quien entonces fungía como subdirector de la Policía Nacional.
Gerardo Ocón Olivas fue señalado de ser el cabecilla de la banda de delincuencial. Finalmente fue encontrado culpable, por lo que Ocón Olivás decidió contar la historia completa. Según Ocón este tipo de robos se venían produciendo desde 2009 en el taller Maynard adonde eran enviadas las armas desde Plaza El Sol, supuestamente para ser reparadas, pero en realidad era para ser vendidas a privados que traficaban con armamento que solo poseía la policía o el Ejército.
«El comisionado (no dijo nombre) decía: mandó treinta armas y tal vez mandaba 45 y ahí las vendían en el mismo taller, mis compañeros dicen que se viene dando la venta desde hace cuatro años. La última vez vendieron 16 y le dijo (el comisionado) a Pedro Sobalvarro, el armero, entregale tantas y ahí no más le pagaron», aseguró Gerardo Ocón.
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Ocón Olivas llegó a declarar que las armas robadas el viernes santo de 2013 nunca fueron recuperadas por la policía y aseguró que estas fueron llevadas a Honduras donde estaban en uso por grupos delinecuenciales.
«Esas armas (las que encontró la Policía) no son esas (las robadas), porque las robadas están en Honduras volando merengue», declaró Ocón ante el juez, la mañana que fue declarado culpable por tráfico de armas y sentenciado a 7 años de prisión.
En 2013 la Policía rechazaba señalamientos de delincuentes
Pero Gerardo Ocón tenía mucho que contar y varios señalamientos graves contra altos cargos de la Policía Nacional, quizás en un arrebato de ira y viéndose condenado o quizás traicionado, ya que hay que señalar que de las 8 personas que eran acusadas junto a Ocón del delito de robo de armas 7 de ellas aceptaron su culpabilidad y decidieron confesar para lograr una condena menor, pero Gerardo Ocón fue el único que no quiso confesar el delito y fue hasta las últimas consecuencias.
«Marcos y Pedro Sobalvarro, y (Donald) Maynard conocen a los comisionados involucrados. Los comisionados mandaban las armas y (Donald) Maynard se encargaba de vender las armas en su taller a gente privada que trafica armas», expresó Ocón en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua.
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Ante estos serios señalamientos de que altos cargos participaban del robo de armas, la policía reacciono negándolo en todo momento, justificando que la palabra de Gerardo Ocón no valía y no sería tomada en cuenta ya que este era un delincuente.
«La Policía Nacional realizó una investigación a fondo en su momento. Remitió todas las evidencias a instancias correspondientes que procedió a acusar. La Policía Nacional es una institución profesional, todo lo que él (Gerardo Ocón) quiera alegar a su favor queda invalidado porque es una persona responsable de un delito, fue encontrado culpable por un juez», declaró entonces el comisionado mayor Fernando Borge en su papel de vocero de la institución.
¿Pero qué tiene que ver toda esta historia con El Viper? Absolutamente nada. Solo evidencia como en el pasado los señalamientos de un criminal no eran tomados en cuenta, en cambio hoy la Policía orteguista toma como verdad absoluta las palabras de Christian Josué Mendoza, un supuesto delincuente, ligado a la toma de la Universidad Politécnica (UPOLI), en donde acusa por ejemplo a Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), de mandar a asesinar a un estudiante universitario, entre otros graves crímenes. “El Viper”, también señala al presidente de la organización cívica Hagamos Democracia, Luciano García de ser parte de una organización delincuencial y otros delitos.
La policía y los medios de propaganda de la dictadura presentan a El Viper como un testigo “clave”. Sus acusaciones pesan. Su testimonio incrimina a otros “delincuentes” a quienes el régimen pretende incriminar.
Con el caso de El Viper, los órganos de “investigación” y la guardia orteguista muestran su doble rasero, siempre que las declaraciones sean en su propio beneficio.
Con las declaraciones de El Viper, la propaganda oficial saca ventaja. Con el caso de los comisionados ligados al tráfico y robo de armas del Taller Meynard, todos guardan silencio. En este caso, los crímenes de Maradiaga fueron cometidos porque los dice El Viper. Los fusiles AK 47 y el AR-15 desaparecieron y ningún comisionado policial estuvo involucrado porque quien lo dijo fue un procesado.
