A 6 meses de iniciadas las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), brindó un amplio informe sobre la grave crisis que se vive desde el 18 de abril en Nicaragua.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), denunció que durante las últimas semanas, «observa un incremento de actos de violencia y represión para disuadir las manifestaciones públicas. La CIDH advierte además sobre la detención y criminalización de líderes y lideresas políticas y sociales. Asimismo, expresa preocupación por los efectos particulares que la crisis genera en los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes».
Han sido asesinadas más niñas y niños que policías
El MESENI informó que desde el 18 de abril, la cifra de víctimas mortales se ha elevado hasta las 325 personas asesinadas, de las cuales 21 serían policías y 24 niñas, niños y adolescentes. En su informe, la CIDH también revela que la dictadura de Daniel Ortega continúa hermética ante las constantes peticiones de este organismo internacional para que brinde información detallada sobre las personas asesinadas.
«La Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a información detallada sobre todas las personas fallecidas en el marco de la situación que atraviesa el país, para que la CIDH pueda cotejar y verificar la cifra con los datos proporcionados por las autoridades estatales».
Dictadura sigue intentando desmovilizar las protestas con represión
El informe del MESENI también denuncia que el régimen de los Ortega-Murillo, continúa intentado disuadir a los civiles para que no sigan manifestándose en las calles, para lo que ha utilizado a la policía orteguista para lanzar comunicados antes de las marchas o plantones azul y blanco donde cataloga estas manifestaciones de ilegales.
«La CIDH muestra su preocupación por la posición de la Policía Nacional de Nicaragua que declara ilegales las manifestaciones de protesta y responsabiliza penalmente a sus convocantes».
En su informe el MESENI también incluye una de las agresiones más recientes que han sufrido los autoconvocados, que fue la detención ilegal ocurrida el 14 de octubre en las inmediaciones del centro comercial Camino de Oriente, resultando detenidas más de 38 personas entre las que se encontraban líderes de la oposición, periodistas y defensoras de derechos humanos, y activistas como la presidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil, Francisco Ortega y José Antonio Peraza, entre otros.
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«CIDH llama al Estado a cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como a garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas».
La CIDH se manifestó especialmente preocupada por la detención ese mismo día de la defensora de derecho humanos Haydée Castillo, quien es beneficiaria de medidas cautelares de la misma organización continental. Castillo fue detenida en el Aeropuerto Augusto C. Sandino cuando pretendía viajar para participar en una actividad organizada por la misma CIDH.
«La CIDH condena enérgicamente cualquier tipo de impedimento impuesto para que una persona pueda ejercer su derecho a utilizar los mecanismos disponibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, o cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales».
Los estudiantes que son presos políticos
En su informe el organismo de derechos humanos pone especial atención a las detenciones ilegales de los estudiantes universitarios Byron Corea Estrada, Christopher Nahirobi Olivas, Yaritza Rostrán Mairena, Luis Arnulfo Hernández, Levis Josué Artola, Juan Pablo Alvarado y Victoria Obando, mujer transgénero y activista de los derechos de la diversidad sexual.
La CIDH denuncia que los jóvenes son acusados de graves delitos, y que las audiencias en las que los acusan no fueron públicas y también se le impidió el acceso a la CIDH, como a familiares o medios de comunicación independientes.
A este respecto la CIDH denunció la gran cantidad de nicaragüenses que están siendo procesados de manera irregular por los tribunales orteguistas.
Expulsión de periodista extranjero
El 01 de octubre fue expulsado de Nicaragua el documentalista y periodista austríaco-estadounidense Carl David Goette-Luciak, luego de ser sacado con violencia de su casa, interrogado y amenazado fue puesto en un vuelo con destino a El Salvador y posteriormente a Estados Unidos.
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Edison Lanza relator sobre Libertad de Expresión, dijo que «incluso en contextos administrativos o migratorios, las sanciones en contra de personas por la emisión de información u opiniones, están sujetas a las limitaciones propias del respeto a la libertad de expresión, que debe ser garantizada sin consideración a la nacionalidad de las personas que la ejercen»
La Relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola señaló que el «Estado debe investigar todos los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y manifestaciones, de manera imparcial y con la debida diligencia, y garantizar los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión».
Preocupación por los derechos de la niñez
En su informe la CIDH otorga un espacio importante para expresar su preocupación por la cifra de 24 menores fallecidos desde el 18 de abril, según la CIDH esta alta cifra refleja que «no existe consideración por estándares apropiados en el tratamiento y cuidado de estas personas en contextos de protesta. El domingo 23 de septiembre, el adolescente Matt Andrés Romero, de 16 años, murió por una herida de arma de fuego».
La CIDH señala que las niñas, niños y adolescentes son un grupo afectado de forma particular por las diversas formas de represión y criminalización que se practican por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ponen como ejemplo la manipulación y adoctrinamiento que sufren los menores en los colegios.
«Entre los impactos negativos sobre la niñez, organizaciones de la sociedad civil denuncian acciones de adoctrinamiento político en algunas escuelas públicas; alteración de los horarios y calendarios escolares como consecuencia de la crisis; deserción escolar por el incremento del trabajo infantil, debido a dificultades económicas que afectan en particular a familias desplazadas y obligan a algunos niños, niñas y adolescentes a cuidar sus tierras, para evitar que sean tomadas. De igual manera, las niñas, niños y adolescentes habrían visto afectados sus derechos al descanso, el esparcimiento, el juego y la cultura debido a la presencia de agentes armados en las comunidades y en el espacio público».
En este particular la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de los Derechos de la Niñez, dijo que «resulta indispensable que las instituciones responsables de la promoción, la protección y la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en Nicaragua actúen de manera oportuna e integral para garantizar a niñas, niños y adolescentes un ambiente libre de violencia, especialmente en el entorno escolar y comunitario».
La CIDH finalizó haciendo un fuerte llamado al régimen de Daniel Ortega para que inicie una investigación inmediata, con la debida diligencia, para identificar a los responsables de estas detenciones y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Asimismo, «la CIDH exhorta a Nicaragua a poner en práctica todas las medidas necesarias para evitar que se violenten los derechos de los niños, niñas y adolescentes».
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), llegó a Nicaragua el 24 de junio de este año, una de sus principales misiones es dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH en su informe donde detallan las graves violaciones a los derechos humanos que la dictadura de Daniel Ortega ha perpetrado contra los nicaragüenses.
