El régimen de Daniel Ortega mandó a docenas de sus guardias de la Policía, desde la una de la tarde, a la Rotonda Cristo Rey, en labor de intimidación y represión contra los ciudadanos autoconvocados que estaban citados, a las dos de la tarde, para la marcha “Nicaragua en Rebeldía”.
Unos 50 autoconvocados azul y blanco ya se habían congregado en las cercanías de la Rotonda Cristo Rey cuando el comisionado Fernando Borges se acercó a los ciudadanos para decirles que “marchar es ilegal”, intentando persuadirlos para que no realizaran la manifestación.
El enviado del régimen se basó en las nueva imposición que ha girado la Policía a través de una nota de prensa publicada el 28 de septiembre, donde amenazan, a los que se manifiesten en las calles o convoquen a marchas, con llevarlos a la cárcel, contradiciendo así lo que dice el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.
Ante la negativa de los autoconvocados de cancelar su manifestación pacífica, que le demanda al régimen de Daniel Ortega paz, justicia, libertad y democracia, los agentes decidieron ejecutar la orden de reprimir. Borges realizó llamadas y a lo inmediato docenas de agentes, trasladados en más de ocho patrullas policiales, empezaron a lanzar bombas lacrimógenas indiscriminadamente a los protestantes, esto hizo que los ciudadanos se dispersaran y se adentraran a los barrios aledaños.
Los manifestantes azul y blanco se refugiaron entre los barrios El Riguero y la Colonia Máximo Jerez, pero la Policía empezó su cacería lanzando bombas lacrimógenas y balas de goma. Los pobladores de esos barrios abrieron sus puertas a varios manifestantes para que no fueran golpeados o detenidos.
Algunos de los miembros de equipos periodísticos de la prensa nacional e internacional también se encontraban dando cobertura, mientras la guardia orteguista atacó a los manifestantes, y también se les intentó agredir. Los agentes iban sin capuchas, con armas de alto calibre y fotografiando a los protestantes.
La manifestación no se realizó como se esperaba, muchos ciudadanos tuvieron que refugiarse en casas, quitarse las banderas azul y blanco e irse para evitar ser secuestrados o heridos, pero los grupos que lograron quedar juntos elevaron consignas, antes de retirarse, como: “El pueblo unido jamás será vencido”, “Viva Nicaragua libre” y “Fuera Daniel y la Chayo”.
“Vinieron cerrándonos el paso, desde la Rotonda Cristo Rey nos tiraron a los antimotines, nos siguieron por todos los barrios porque ellos sí pueden marchar y entonces si se están inventando de que nosotros no podemos marchar, entonces ellos tampoco. Los ciudadanos lo que queremos es que Nicaragua sea libre, que se vayan, nos tiraron bombas de contacto, (los policías) están sirviéndole a un presidente violador”, refirió una ciudadana que fue parte de los atacados, en una entrevista al diario La Prensa.
Las medidas represivas, criminalización de las protestas y la nuevas amenazas han preocupado a los defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y señalado que “esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de los derechos inherentes a una sociedad democrática”.
La #CIDH recibe con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de #Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática.
— CIDH (@CIDH) 29 de septiembre de 2018
Las protestas contra el régimen de Ortega empezaron desde el 18 de abril y ha dejado un saldo de entre 300 y 500 personas asesinadas, según el reporte de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Más de 2 000 han resultado heridos y docenas están apresados por protestar.
