La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado, reveló que los datos que ha recibido de parte del Estado de Nicaragua sobre las cifras de personas fallecidas, en el marco de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril, son “inconsistentes” e insistió en que el régimen de Daniel Ortega debería de proporcionarles la lista oficial de personas que han muerto y los detalles de cada uno de los casos de los ciudadanos que permanecen detenidos.
“Las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son inconsistentes. Mediante notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio de 2018, el Estado informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al gobierno. Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, mediante nota del 7 de agosto el Estado reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio. En el desglose de esa cifra, el Estado informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”; y 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas”, reza parte del comunicado emitido, este 24 de agosto, por la CIDH.
Las inconsistencia que registra la CIDH en los datos recibidos de parte del Estado son básicamente en que el régimen de Daniel Ortega solo da número y no da nombres o detalles de las personas a las que se refiere que murieron a causa de delincuencia común. “El informe no presenta el listado de las personas fallecidas”, reitera la CIDH en su misiva.
Los datos actualizados, hasta este 24 de agosto, por la CIDH exponen que las cifras de personas fallecidas en el marco de las protestas sociales ya asciende a 322 personas. El organismo además detalló que, de esos 322, 21 son agentes de la Policía y 23 niños y adolescentes.
CIDH responde a acusaciones del régimen de Ortega
El organismo defensor de derechos también le explicó al régimen de Daniel Ortega que el trabajo que ellos realizan, en la recolección de información, sobre la crisis de Nicaragua es efectuado con ” con extrema rigurosidad metodológica. Esto incluye contrastar varias fuentes, dentro de las cuales se encuentran testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, información que aportan organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como también fuentes oficiales”.
La aclaración de la CIDH se da ante el reiterado cuestionamiento, que ha dirigido el régimen de Daniel Ortega, del Ministerio de Relaciones Exteriores a la metodología de trabajo de la CIDH, especialmente, en cuanto a las cifras de fallecidos que maneja el organismo internacional defensor de derechos humanos.
Ante esto la CIDH insistió en que, para evitar este tipo de acusaciones e inconsistencias, “el Estado de Nicaragua (…) (debería) garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquéllas que ofrecen las autoridades nicaragüenses”.
CIDH pide información sobre las detenciones
La Comisión Interamericana también reiteró su preocupación por la criminalización de las protestas sociales y el irrespeto a los derechos de las personas privadas de libertad y el de sus familiares. La CIDH reiteró que el Estado también tendrían que darles acceso cada uno de los casos de las personas que permanecen detenidas y estén vinculadas a las protestas sociales.
La CIDH expuso que en cuanto a las detenciones hay “un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares. (…) La Comisión nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización. Esto incluye la emisión de comunicados oficiales, así como declaraciones y pronunciamientos de las autoridades, que intentan promover un aparente clima de normalidad en el país, a la vez que estigmatiza a manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos”.
Hasta el momento, la CIDH no ha dado cifras sobre la cantidad de personas que han sido detenidas en el marco de las protestas sociales, sin embargo, el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) ha referido que son más de un centenar.