En una carta, prácticamente, de su súplica el ingeniero Carlos Pastora, gerente general de Canal 10, solicitó a Roberto Herrera Caceres, Comisionado Nacional de Los Derechos Humanos en Honduras, que abogue para que la embajada de Honduras en Nicaragua le brinde asilo, ya que, no pudo regresar a su país porque el régimen de Daniel Ortega le impuso restricción migratoria y ahora es víctima de asedio, intimidación y amenazas de muerte.
Pastora le relata, al Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, que las presiones al Canal 10 empezaron desde que que el noticiero Acción 10 ha dado cobertura a la represión que ejecuta el régimen de Daniel Ortega en contra de los manifestantes pacíficos, desde el pasado 18 de abril. Carlos Pastora denunció que una de las más evidentes muestras de asedio gubernamental se dio con la invasión de Oscar Ortíz, periodista oficialista y jefe de prensa del Canal 8, el pasado 25 de agosto, que se presentó “abusivamente” intentando instalarse en la redacción de Canal 10 “argumentando que se presentaba a nombre mío, lo cual es completamente falso”, reza la carta.
Así llegó al Canal 10, en horas de la madrugada, el periodista oficialista Oscar Ortiz, emisario de Rosario Murillo para autoproclamarse como el nuevo jefe de prensa de Acción 10. #Imágenes de las cámaras de seguridad de Canal 10. #Artículo66 #DerechoAInformar pic.twitter.com/ZdZEpGlfIq
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) 20 de agosto de 2018
Según Pastora lo que está intentando Ortega, enviándole a sus mensajeros, es “obligarlo a contratar a un periodista de Canal 8 que venga a ver y a regular las publicaciones del noticiero”. El gerente general de Canal 10 denunció que, por su negativa a ceder en los caprichos del régimen de Ortega, con los que su jefe Ángel González ha mantenido una estrecha relación por los favores que le ha hecho con la adquisición de canales televisión y radio emisoras, ahora está recibiendo “amenazas directas, vía teléfono, seguimiento e intimidación”.
Ante las amenazas el gerente general de Canal 10 tomó la decisión de sacar a su familia de Nicaragua en “busca de seguridad retornando a Honduras”, su país de origen, pero se topó con que Ortega le negaba la salida adjudicándole una restricción migratoria por una investigación a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), bajos sospechas de lavado de dinero.
La nota de prensa número 01-2018, publicada el 22 de agosto, la UAF, creada para prevenir el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas, “desarrolla un proceso de inteligencia financiera al señor Carlos Alberto Pastora Rossler”. A Pastora se le adjudica, en el comunicado, como el “socio de varias empresas de radio comunicación televisiva y radiales entre otras Radio Televisión Nicaragüense, S.A. (RATENSA), RATENSA Inmobiliaria, S.A., Innovaciones Inmobiliaria, S.A., Noticias Diez, S.A…”.
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La estrategia del régimen de Daniel Ortega pasa por sembrar la duda sobre la posibilidad de que el gerente de la televisora esté ligado con acciones de lavado de dinero en Honduras. “Se conoce que el Sr. Pastora es Asesor de diferentes estaciones de radio y televisión en el país de Honduras, teniéndose información de constantes viajes a ese hermano país”. El Gobierno de Ortega mostró como gran descubrimiento que Pastora figura como socio y/o representante legal de las empresas televisivas, radiales y salas de cine, ligadas a la multinacional Albavisión, reconocido Grupo empresarial con presencia en varios países de América Latina, propiedad del empresario mexicano, Ángel González, viejo socio del mandatario, con quien mantuvo una alianza cómplice para el control de las frecuencias de canales de televisión y radio en el país.
Por esas relaciones con el régimen de Ortega es que ahora Pastora, al negarse a cumplir caprichos, está enfrentado investigaciones y teme ser mandado a matar. “Mi familia y yo tomamos la decisión de salir del país y buscar seguridad retornando a Honduras, acción que no se me permitió por parte del Gobierno del Señor Ortega que ha emitido una restricción migratoria en contra de mi persona sin ningún fundamento. (…) Mis derechos humanos están siendo vulnerados por parte de un Gobierno y mi familia y yo tememos por nuestras vidas denunciamos que podríamos ser asesinados y clamando a las autoridades de mi País se nos brinde auxilio inmediatamente”, detalló Pastora en su carta.
Ante todas las amenazas, investigaciones y relaciones rotas con el régimen de Daniel Ortega, Pastora le súplica a Honduras que lo proteja. “Hemos tomado la decisión de buscar protección y nos hemos presentado a la Embajada de Honduras en Managua sin tener mayores resultados o atención. Apelamos a usted como representante de los Derechos Humanos en mi país Honduras el apoyo legal y de medidas de protección que la institución que usted dirige está comprometida a brindar a quienes la necesitan por estar en situaciones vulnerables como la que vivimos mi familia y yo en este momento”.
