Aumento de las detenciones arbitrarias, represión selectiva y criminalización, eso indican los informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que vive Nicaragua tras 114 días de iniciadas las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por unas fallidas reformas a la seguridad social que se convirtieron en una exigencia de justicia por los asesinados y democracia para el país.
La ONU señala que esta etapa de represión, “lo que está creando (es) una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país. Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo’”.
Aumentan las amenazas
Las amenazas por parte del Gobierno no se detienen. Entre los perseguidos, según la ONU, están líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes, periodistas independientes, representantes de la Iglesia Católica y miembros de la Alianza Cívica. En promedio, se calcula, que unos 150 nicaragüenses que trabajaban como parte del personal médico (doctores, enfermeras, especialistas) fueron retirados de sus cargos por atender a los heridos en las protestas o apoyar las marchas azul y blanco. Varios de estos médicos han denunciado persecución y amenazas por denunciar las arbitrariedades en su contra.
#Nicaragua debe poner fin a la “caza de brujas” contra las voces disidentes, dicen expertos de la #ONU. Lea la nota completa ??https://t.co/fc9iOTLfvC pic.twitter.com/erlZc3NuAi
— Derechos Humanos ONU (@OACNUDH) 9 de agosto de 2018
Por otro lado, la ONU lamentó los intentos por desprestigiar el trabajo que realizan las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, lo que también ha obligado a algunos a “autoexiliarse”, como el caso de los defensores de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. “Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como “terroristas” y “golpistas”, y aparentes intentos de socavar a la oposición”.
Los representantes de la ONU recordaron que “nadie debe ser detenido por el ejercicio de sus derechos humanos. Nos preocupa que estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas”.
Desmovilización de paramilitares
A pesar de que Daniel Ortega ha dada varias versiones sobre los grupos paramilitares, entre ellas que forman parte de la policía voluntaria, la ONU exhortó “al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”.
Los paramilitares en combinación con las fuerzas policiales desmontaron los tranques que se mantenían en el país como forma de protesta. Para lograr su cometido, se ampararon de las armas y la violencia. Tras el retiro de los retenes de carreteras, estos grupos de terceros fuertemente armados iniciaron secuestros y persecución de ciudadanos que apoyaron las manifestaciones azul y blanco y en algunos departamentos como Masaya y Carazo se mantienen instalados como forma de intimidación a los nicaragüenses.
Cifras de muertos
Aunque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contradicen la cifra de muertos de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, pues oficialmente solo reconocen 197 y deslindan responsabilidades; la Organización de Naciones Unidas sostiene que en el marco de las protestas en Nicaragua han fallecido 317 personas y 1.830 han resultado heridas.
La ON, en cambio, instó al Gobierno a que implemente los canales correspondientes para que haya claridad en los procesos contra privados de libertad, ya que “la impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y la estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo”. Nuevamente, hicieron un llamado para que el régimen permita el acceso a las organizaciones internacionales de derechos humanos a los centros de detención con el fin de evaluar la situación en que se encuentran los detenidos.
TOMEN ACCION, NO MAS BLAH, BLAH, BLAH. QUE ESPERAN? QUE SIGAN MATANDO A GENTES?