“Las graves violaciones de Derechos Humanos tienen hoy su rostro más impune en Nicaragua, con decenas de personas asesinadas, desaparecidas y perseguidas por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, declaró la sociedad civil organizada durante la inauguración de la III Conferencia Regional de Población y Desarrollo para América Latina y El Caribe que se desarrolla en Perú.
El documento leído por María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, fue suscrito por más de 100 redes, organizaciones y colectivos de la región en la que además definieron prioridades y retos sobre la región, aunque la crisis política en Nicaragua que ya deja 317 fallecidos producto de la violencia estatal ha sido el eje central de preocupación sobre el estado de los Derechos Humanos.
En su parte esencial, la declaración también denuncia que “se han ido naturalizando en la región, ataques de todo tipo a líderes sociales y asesinatos de defensoras de derechos humanos y territorios; que se acentúa cuando persiste complicidad entre Estado y sector privado”, con relación a la situación de Nicaragua y países como Venezuela, México, Argentina, Colombia y el resto de Centroamérica.
La lectura de la Declaración de Foro Social provocó que Marcela Pérez Silva, embajadora de Nicaragua en Perú, viuda del fundador del FSLN Tomás Borge Martínez, abandonara la sesión, sin referirse a la denuncia frente a los medios de comunicación.
Condenan criminalización de protestas
Por su parte, la declaración del Foro de Juventudes Latinoamericanas y Caribeñas, condenaron y levantaron la voz “frente a la criminalización de la protesta, la cual vulnera nuestro derecho a la libre expresión y limita la participación real de las juventudes. Mostramos nuestra preocupación por los actos represivos por parte del gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo desarmado de Nicaragua, donde las juventudes están siendo perseguidas, desaparecidas, torturadas y asesinadas”.
A su vez, rechazaron “las políticas migratorias restrictivas ante la emergencia humanitaria” por “atentar contra la salud física, psicológica y emocional de las familias migrantes” en clara alusión a la migración forzada de alrededor de 20 mil personas que han salido de Nicaragua producto de la violencia sistemática contra el pueblo por parte del régimen Ortega-Murillo.
