[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó formalmente al Estado de Nicaragua el ingreso al país para investigar ante la crisis social que atraviesa, la cual ha dejado; muertes, heridos, detenidos y censurados, sin embargo, el Gobierno de Daniel Ortega le pide que “espere” a que se desarrollen procesos internos.
Alvarito Conrado, el estudiante de 15 años que fue a repartir agua un 20 de abril de 2018 como gesto de solidaridad con los universitarios que protestaban contra el régimen, cumplió tres años de su asesinato. Su familia exige verdad, reparación, justicia y castigo para los que ordenaron disparar en contra del adolescente y para quienes le negaron la atención en salud.
El Gobierno Sandinista se refiere al proceso de diálogo al que han llamado a diferentes sectores, mismo que está en entre dicho por las declaraciones del presidente el pasado lunes, 30 de abril, en el que llamó a sus militantes a estar listos para defender la paz “porque el diálogo está siendo boicoteado”. Además, de la desconfianza que tienen los diferentes sectores con los representantes que se están eligiendo para la discusión.
La falta de credibilidad de los nicaragüenses en la justicia de Nicaragua preocupa a la CIDH, por lo que señaló la importancia de que “el diálogo sea inclusivo y creíble por parte de todos los sectores”, asimismo, el organismo defensor de derechos humanos reiteró su disposición de “apoyar el proceso, desde su mandato y funciones”.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua anunció que ya hay lugar establecido para el diálogo nacional, no obstante, el Gobierno de Ortega no ha anunciado la fecha y los autoconvocados permanecen exigiendo que el Estado cumpla con puntos que le han expuesto para que se inicie el diálogo, ya que afirman que, si no hay justicia para los más de 60 asesinados, heridos, desaparecidos, censurados y apresados “no se pueden sentar a discutir”.
El cierre del Gobierno, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al escrutinio internacional sobre derechos humanos es preocupante para la CIDH, por lo que le hizo un llamador formal al Estado de Nicaragua para que se abra al proceso de investigaciones de organismos internacionales, pues “contribuiría al diálogo constructivo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó su referencia al “cierre al escrutinio del Estado de Nicaragua”, por las ocasiones en las que la representación nicaragüense ha quedado ausente en las audiencias publicas desde 2016 y la negativa del Gobierno al ingreso de integrantes de la Comisión al territorio nica.
La sociedad civil de Nicaragua también ha solicitado la presencia de organismos internacionales en las investigaciones de los crímenes en contra de los derechos humanos efectuados en las protestas, que empezaron desde el 19 de abril.
Aunque por el momento la CIDH no está permitida para ingresar e investigar en Nicaragua, el organismo anunció la apertura de la Sala de Coordinación para el monitoreo de la crisis en Nicaragua, con lo cual afirma que “dará seguimiento estrecho” y urgió al Gobierno de Ortega-Murillo a “realizar investigaciones pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre los hechos de violencia sucedidos y la conducta de la policial durante las manifestaciones , sea por acción u omisión, y establecer las sanciones correspondientes”, expresó la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola.
Comunicado íntegro de la CIDH
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