[vc_row][vc_column][vc_column_text]En su alocución del mediodía, la portavoz gubernamental de Nicaragua, Rosario Murillo, se extendió para justificar el plan oficial que busca imponer la ley mordaza, mediante una crítica directa a la “influencia negativa” de “esas redes sociales”.
La vocera oficial informó que el gabinete, bajo su control, ha pedido al presidente de la Asamblea Nacional, el orteguista Gustavo Porras, que programe reuniones con las distintas comisiones, sobre todo con la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, para “estudiar las leyes que tenemos en relación a la familia, a la niñez, a los adolescentes, estudiarlas y ver en qué medida debemos trabajar para actualizarlas, escuchando a todos los sectores de nuestra sociedad”.
Murillo dijo, a través de su monólogo en los medios de su familia, que abrirán un “debate” porque “todos o casi todos los niños, adolescentes, adultos, estamos conectados al internet, a las redes sociales y podemos estar siendo influenciados negativamente por esas redes sociales, por el internet, por lo que nos llega como información de otras realidades, de otros países. Podemos estar siendo influenciados y afectar la necesaria capacidad de convivencia que tenemos las familias, que tenemos las comunidades, digo necesaria, indispensable; afectar la concordia, que hemos trabajado mucho para construir en nuestro país”.
La vicepresidenta y primera dama adelantó que en ese “debate” que abrirán han pedido a Porras que inviten a religiosos, pastores, sacerdotes, educadores, trabajadores de la salud y “también a las autoridades del orden público, a la Policía, a la Fiscalía, al Poder Judicial”.
Para justificar el plan del gobierno de imponer el bozal en las redes sociales, Murillo retomó los mismos casos de noticias falsas sobre secuestro de niños que fueron publicados en redes sociales en días pasados, de los que habló el comisionado Francisco Díaz, en una rueda de prensa en la que presentaron a los presuntos secuestradores de un niño en Chinandega.
Antes que Murillo anunciara esta iniciativa, en una aparente estrategia concertada desde el Gobierno para imponer bozal en las redes sociales, habló la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, y el subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, quien además es consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La presidenta del Poder Judicial advirtió que promoverán una reforma a la ley para castigar el ciberacoso y el ciberbullying. Según la titular del Poder Judicial, “el acoso en línea se ha convertido en uno de los tipos de violencia más comunes y masivos en nuestra sociedad”.
Ramos afirmó en un evento público que el ciberacoso y el ciberbullying “laceran la dignidad, denigra y humilla, en especial a las mujeres. Los hombres no se escapan, pero siempre está dirigido de forma especial a las mujeres y se utiliza a los hombres como referencia para denigrar a las mujeres”.
El jefe policial, en tono más amenazante, compareció la mañana de este lunes para presentar a los supuestos autores de secuestro contra un niño chinandegano. Díaz se refirió a una noticia supuestamente falsa que se viralizó en las redes sociales, en la que se mencionaba la existencia de una banda de secuestradores de niños que, según las autoridades, en realidad era un grupo delictivo que fue desarticulado en México.
El comisionado Díaz se refirió también al caso de una niña del Caribe que se había fugado de su casa, pero en Facebook la noticia se difundió como un secuestro. Igualmente, enumeró el caso de un niño desaparecido en San Carlos, Ríos San Juan. “En las redes sociales ya hablaban de secuestro. No había nada de secuestro, simplemente un incidente del niño con el dueño de un restaurante”, remarcó Díaz.
El subdirector de la Policía hizo alusión a “otro caso, (de) la niña en el distrito V, en Managua. Abandonó su hogar por discordias familiares. Nada tiene que ver (con) secuestro (…) Queremos hacer un llamado a no dejarse influenciar con informaciones falsas que han circulado en redes sociales, creando zozobra en el seno de nuestras familias”.
Pretenden acallar a medios digitales como Artículo 66
El especialista en medios de comunicación y catedrático de periodismo Alfonso Malespín consideró que el plan anunciado por el Gobierno “es un nuevo esfuerzo, esta vez más concertado de la presidencia y del sistema judicial, para controlar la internet, controlar a la gente que pueda producir información que no les guste, que les perjudique”.
Malespín consideró que “lo que pretenden es coartar la migración de muchas plataformas hacia el mundo digital. El caso de Artículo 66, por ejemplo, Confidencial, La Prensa que tiene la plataforma más grande de Nicaragua, pero también otras que son más duras, como Política 505, que, incluso, ya fue denunciada y cerrada después de que hubo una avalancha de denuncias de personas de aquí de Nicaragua que obligaron a Facebook a cerrarla”.
El especialista consideró que si se concreta le ley mordaza propuesta por el Ejecutivo, “pasarían dos cosas: una que el fenómeno de la autocensura que ya conocemos en otros ámbitos de la vida nacional, traspase la esfera de las redes sociales, en segundo lugar, cierre de espacios que afecten a las instituciones públicas y tercero, el procesamiento judicial, que yo creo que habría casos ejemplarizantes, duros para que la gente la piense dos veces antes de colocar algo en las redes sociales”.
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Sobre el pretexto presentado por Murillo y por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, de reducir el ciberacoso mediante una ley, Malespín opinó que “a ellos (el Gobierno) no les preocupa ningún caso de esas muchachas que han sido expuestas y acosadas en las redes sociales. A ellos lo que les preocupa es que salgan publicaciones en las que se habla del nepotismo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, o del hijo del presidente de la República, o del hijo del Fulano de Tal, que está vinculado a los círculos de poder político. Eso es lo que les preocupa. A ellos no les preocupan estas jóvenes que son parte de la vida cotidiana, son como un pretexto nada más, en realidad, lo que buscan es un control férreo de las redes sociales hasta donde se pueda, igual que lo han logrado en otros medios de comunicación tradicionales”.
El catedrático de periodismo consideró que este anuncio oficial es solo un intento de frenar publicaciones en las que se critica el actuar de las autoridades del país. “Lo que estamos viendo ahora es que ante la pérdida de legitimidad de las autoridades, especialmente de la Policía, la Corte Suprema de Justicia, como parte del sistema judicial del país, los tiene muy preocupados, porque cada vez son más evidentes las violaciones flagrantes de derechos humanos, los altos niveles de impunidad de las autoridades que no investigan, que no rinden informe y el Gobierno que calla”, dijo el experto.
Otro de los casos que ha sido ampliamente divulgado en las redes es el del joven Juan Lanzas, habitante de Matiguás, Matagalpa, quien perdió sus piernas por una golpiza policial y el encierro en una celda contaminada que provocó que le amputaran sus pies. “Saben que el desprestigio es enorme”, dijo Malespín.
Los intentos anteriores
Malespín recordó que este Gobierno ha hecho varios intentos por acallar la opinión pública y evitar la información libre: “el primer esfuerzo fue la estrategia de ‘información incontaminada’; el segundo, fue la tarea que se les dio a todos los divulgadores del Gobierno de encontrar mecanismos de control de todos los flujos de información”. Luego, los intentos por controlar el internet mediante la imposición a los proveedores de internet de que sus servidores debían funcionar dentro de Nicaragua y después pretendieron controlar el nombramiento de los gerentes de las empresas proveedoras de telecomunicaciones. “Ambas iniciativas fueron rechazadas. Hubo fuerte oposición”, dijo Malespín.
Por su parte, la dirigente política opositora Violeta Granera opinó que “no hay nada más peligroso que un régimen dinástico como el que tenemos en Nicaragua pretenda controlar las redes sociales. Ya suficiente tenemos con la voracidad con la que han cooptado y comprado los distintos medios de comunicación tradicionales, dejando muy pocos medios y espacios independientes y ahora quieren controlar las redes sociales, que son de los pocos espacios importantes de comunicación libre que quedan”.
Granera consideró que “si hay bullying y acoso en las redes sociales, esto se debe de corregir con educación y supervisión de los padres a los niños. Me parece demagógico que este régimen esté hablando de un diálogo para ver este problema (del ciberbullying), cuando aquí tenemos años de exclusión, de que no hay ningún diálogo nacional por que el régimen solo convoca a sus incondicionales”.
Opinión de nuestros lectores en redes sociales
Sobre esta amenaza del régimen gubernamental, Artículo 66 preguntó su opinión a los lectores y seguidores en las redes sociales. Brenda Elízabeth Molina señaló que “el Gobierno controla la mayoría de los medios de comunicación tradicionales (radio, TV, prensa escrita) lo único que no controlan (a pesar de tener un ejército de chavalos armados con laptop, dándole día y noche a vigilar lo que ponemos en las redes) es la red. Y a eso apuestan a controlar y juzgarnos a cualquiera que tenga información sobre los manejos turbios de los diferentes ministerios y poderes del Estado”.
Gustavo Picado escribió que “las redes sociales son una de las pocas, sino la única válvula de escape que nos han dejado a la sociedad civil. Cerrar esa otra válvula puede ser grave. Tendrá que valorarlo bien el Gobierno”.
Carolina Gallard comentó que “ya compraron casi todos los medios de comunicación, no pueden comprar Facebook, pero si desde la mesa redonda de la Secretaría (sede del Gobierno y casa central del FSLN) con sus mini laptops los comentarios de la gente y amenazarlos con cárcel o falsos positivos con el mismo fin”.
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Danilo Aguirre Sequeira opinó que “las dictaduras son todas iguales y caen todas por la misma razón, cuando aprietan más la soga el pueblo reacciona con más fuerza, la primera línea, el periodismo independiente. Haga lo que haga esta dictadura siempre tendrá rebeldes que enfrentar… Por otro lado, evidencia la precaria y mediocre fuerza informativa oficial, no son capaces de ocultar la mano negra que maneja todo el Estado”.
La periodista Azucena Castillo comentó que “si (la medida de controlar el acoso en las redes) viniera de un gobierno, instituciones del Estado que no coartan la libertad de prensa, otro gallo cantaría…” Castillo apuesta por “promover la auto regulación ciudadana”, pero oponerse a un intento del Gobierno por controlar las publicaciones a través de internet.
Por su parte, la periodista Leticia Gaitán calificó de “absurdo totalmente” y dijo que de “llegar a ese nivel de control sería aterrador”.
El ciudadano con perfil Ben Uri explicó que “en España hicieron algo similar y le llamaron Ley Mordaza, fue el año pasado. De lo que se trata en realidad es censurar a la sociedad que ataque la corrupción en las instituciones. ¿Cómo se podría criticar o denunciar un acto de corrupción de algún funcionario público?”, se preguntó.
Martha Patricia Molina considera que los funcionarios del Gobierno “se sienten contra la espada y la pared porque desde las redes sociales se está denunciando toda la corrupción, nepotismos y vidas de lujo que tienen”.
Las denuncias en redes sociales que han puesto en jaque al Gobierno
En Facebook, se han popularizado videos de policías golpeando a ciudadanos o agentes de tránsito recibiendo coimas. También se han filtrado videos de oficiales en estado de ebriedad que han causado accidentes de tránsito e incluso se movieron fotografías de una hija del tesorero del FSLN, Francisco López, que causó un accidente de tránsito en carretera a Masaya y provocó la muerte de un extrabajador del diario La Prensa.
Las redes sociales están en todos lados. Hay Facebook en zonas donde no llegan los medios de comunicación. Fue a través de las redes sociales que se vieron las primeras fotografías de los cadáveres de los hijos de Elea Valle que habían sido refagueados por un escuadrón del Ejército en La Cruz de Río Grande, junto a cuatro alzados en armas el 12 de noviembre de 2017.
En las redes sociales, los ciudadanos han alzado la voz y han logrado frenar varias embestidas abusivas del régimen sandinista. Uno de los casos connotados en los que la ciudadanía presionó, a través de las redes sociales, fue el del ciudadano Jorge Ricardo García Abarca, a quien un jurado condenó a 15 años de cárcel por matar de dos disparos a un ladrón que entró armado a su casa para robar. La presión obligó al sistema judicial a anular la sentencia.
Otro acontecimiento que se revirtió por la presión en las redes fue el intento del Gobierno de reformar la Ley de Tránsito para incrementar en un 4 000 % el cobro por el sticker de rodamiento. Mediante el escándalo en redes sociales, el FSLN fue obligado a recular y retirar la iniciativa de la página web de la Asamblea y salir a decir que era una noticia falsa.
Recientemente, también se presionó a través de Facebook para que una jueza de León declarara inocente al periodista leonés Pedro Altamirano, quien había sido acusado por injurias y calumnias por publicar una denuncia laboral en las redes sociales. Las pruebas para incriminarlo eran los comentarios que terceras personas habían hecho sobre la noticia que el reportero cubrió.
Experto ve difícil restricción de conexión
Pese a los temores que levantó la amenaza oficial, el experto en internet y redes sociales y propietario del sitio web Bacanalnica, Manuel Díaz, aseguró que el Gobierno tendrá difícil una regulación por la vía de la conectividad y la de los proveedores privados de internet. “Te lo pongo de esta manera, los gringos tienen, desde que ganó (Donald) Trump, de estar discutiendo cómo hacer para que los rusos no vuelvan a hacer lo que hicieron para las elecciones gringas (de incidir a través de redes sociales para favorecer a Trump y afectar la imagen de la candidata demócrata y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton), y no han encontrado la manera. El mismo Facebook no sabe qué hacer, Twitter no sabe qué hacer. En realidad es un problema no de Nicaragua, sino del mundo. No sabemos qué hacer con esto”, explicó Díaz.
El especialista consideró que en este momento no hay ninguna experiencia que demuestre que se puede controlar el uso de las redes sociales técnicamente. “(En los creadores de las redes sociales) solo hay un interés monetario. A las redes sociales les interesa que haya cada vez más gente y se gaste dinero en ellas, entonces no necesariamente están preocupados por detener ese avance… Esto se enmarca en un problema más global que, más allá de hacer esas declaraciones, no veo en términos operativos qué pueden hacer. Con decirte que no hay manera de pedirle a Facebook un IP. No hay manera de comprobar quién abrió un perfil de usuario (en caso de publicaciones anónimas)”, dijo el desarrollador web.
Díaz aseguró que no ve posible que el Gobierno pueda controlar lo que se publica en redes sociales, a menos que ya esté identificada la persona que publique información, como, por ejemplo, la publicación de fotos y que se inventen un delito, como el de propalación.
“Si el gobierno quiere restringir, no lo veo pasando. Para restringir tendría que restringir el internet completo y si es difícil en Cuba y en Corea del Norte, ¿Te imaginás en Nicaragua? Yo no me preocupo”, afirmó el especialista.
El director de Bacanalnica aseveró que si en este momento quisieran aplicar medidas contra los ciudadanos que publiquen información en Facebook, “igual podrían hacerlo ya, no necesitan de ninguna ley especial. Todavía nos regimos por las leyes contra la injurias y las calumnias que no es particular de lo digital. Si lo decís en cualquier medio tradicional, igual estás incurriendo en injurias y calumnias si acaso estas diciendo algo que no es verdad”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Desgraciados como no pueden controlar nuestras mentes ahora quieren controlar las herramientas con las que nos comunicamos y expresamos nuestro sentir… después van a decir que no salgan de sus casas