“Se está criminalizando la difusión de noticias”, dijo el abogado y director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, al recibir la denuncia que interpuso ante este organismo el periodista leonés Pedro Altamirano.
12 retenes de la Policía del régimen lo largo de la carretera hacia Ocotal y finalmente un escuadrón de más de cien efectivos armados, apostados en el puente El Chaparral, impidieron la llegada de dirigentes de la Coalición Nacional a la reunión organizativa de San Fernando, en Nueva Segovia.
Altamirano compareció ante los periodistas en el Cenidh en silencio y con una mordaza en la que escribió la leyenda “Libertad de expresión. Yo exijo”. El comunicador se presentó con la mordaza porque tiene una restricción impuesta verbalmente (aunque no fue plasmada en el acta judicial) por la juez Ligia Marín Rivas, titular del Juzgado Primero Local Penal de León de no hablar a los medios de comunicación sobre su caso.
Según se lee en la carta que Altamirano dirigió a la doctora Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, está siendo acusado por el empresario ferretero Isidro Urroz de cometer el delito de injurias y calumnias por la publicación de una nota informativa que el periodista difundió el 18 de noviembre, a través de su perfil en Facebook.
El caso que Altamirano cubrió fue una demanda laboral interpuesta en el Juzgado del Trabajo de León por el joven Reynaldo Antonio Castillo Martínez, quien en agosto de 2017 había sido despedido de la Ferretería Urroz sin prestaciones ni pagos de ley. La denuncia publicada por Altamirano incluía, también, la queja de Castillo contra la detective de Auxilio Judicial de León, capitana Javiera España, que fue interpuesta en la dirección de Asuntos Internos de la institución del orden, porque, según el exempleado de la ferretería, habría cometido abuso de autoridad y lo dejó más de 24 horas detenido bajo un supuesto delito de hurto a sus antiguos empleadores, pero que de acuerdo con el extrabajador de la Ferretería Urroz, fue solo una acción para obligarlo a desistir de su demanda laboral y su reclamo de pago por más de 67 mil córdobas.
“El mismo 11 de septiembre el joven Reynaldo (Castillo) recibió la llamada de la inspectora Javiera España, quien lo citó para el día doce diciéndoles que tenía una denuncia por Hurto agravado. Al día siguiente supuestamente el señor Isidro Urroz en complicidad con la inspectora Javiera España tratando de intimidar a extrabajador de manera arbitraria lo detuvieron por más de veinticuatro horas”, reza la nota que Altamirano publicó en noviembre.
Todas las aseveraciones de la nota son respaldadas por un vídeo en el que el periodista entrevistó a Reynaldo Castillo, quien denunció la “supuesta complicidad” entre el empleador y la oficial de policía. Sin embargo, por ese párrafo es que ahora el periodista está puesto a la orden de la jueza Ligia Marín.
Altamirano, también, basó su nota informativa en el documento de la denuncia interpuesta por Jessica Lucía Portocarrero, esposa de Reynaldo Castillo, ante la dirección de Asuntos Internos de la Policía departamental de León, que contiene la queja contra la oficial Javiera España.
En la denuncia, la esposa de Reynaldo Castillo explica que cuando su esposo fue despedido de la Ferretería Urroz, el 30 de agosto de 2017 no se le extendió “ningún documento o constancia expresándole que lo iban a denunciar a la Policía Nacional, mientras pasaban los 10 días reglamentarios del Ministerio del Trabajo para exigir una liquidación, fuimos a la delegación policial de Gobernación Central de la Policía y siempre nos dijeron que no había ninguna denuncia, la oficial de control de denuncia buscó en el sistema de la computadora y no encontró nada, buscó en un libro de actas y tampoco encontró nada y dijo que si no existía en esos registros no era legal”, reza la denuncia interpuesta por Portocarrero el 13 de septiembre de 2017 en Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Luego de la denuncia de Portocarrero en Asuntos Internos contra la capitana España, Reynaldo Castillo fue liberado sin cargos por el supuesto hurto y el Ministerio del Trabajo falló a su favor y ordenó a Urroz a pagar más de 23 mil córdobas por salarios y prestaciones retenidas.
Y aunque el denunciante Reynaldo Castillo ganó la tercia legal al ferretero, el empresario la emprendió contra el reportero que le había dado cobertura a la denuncia. Urroz acusó en los tribunales al periodista Altamirano por el delito de injurias y calumnias.
Según se lee en la resolución judicial en poder de Artículo 66, y que fue dictada por la jueza en la audiencia inicial, la acusación contra el periodista es por “perjuicio moral porque desde el día de la publicación se han dado comentarios negativos hacia su persona, se han recibido llamadas telefónicas anónimas que le dicen ladrón sinvergüenza, lo que ha dañado su imagen”.
El abogado de Urroz además presentó como pruebas del delito cometido por Altamirano, según plasmó la jueza en su acta preliminar, varias capturas de comentarios que otras personas realizaron a la nota publicada por el reportero en su Facebook, por los que también se le pretende responsabilizar. Pese a los alegatos de la defensa de la improcedencia de la acusación y lo absurdo de esas pruebas, la judicial las admitió.
“Dicha publicación se habla de supuestamente, pero también esta información lo dejó bien claro que estaba siendo recogida en el expediente judicial del Juzgado del Distrito de Trabajo, es una noticia real, es una noticia clara y pública, todas las audiencias son orales y públicas a excepción que no sea permitido … Todo esto me lleva a determinar que son circunstancias reales claras, especificas que no constituyen delito, el arto 204 del Código Penal lo establece”, dijo el abogado defensor de Altamirano durante la audiencia.
La versión del acusador
Artículo 66 llamó a Isidro Urroz para conocer su motivación con este juicio contra el periodista Altamirano. El empresario ferretero señaló que “hasta mañana después del juicio con gusto le doy declaraciones” e insistió en que “no estoy interesado, por el momento, en dar hablar sobre el caso. Hasta mañana, después del juicio”.
Para el abogado del Cenidh, Gonzalo Carrión, con este caso del periodista Altamirano se está criminalizando la difusión de la noticia y está en el orden de la persecución de la libertad de buscar, difundir información y en el marco de la libertad de expresión. Según los defensores de derechos humanos, “no es la primera vez que se llevan a querellas por injurias y calumnias a periodistas por difundir noticias (…) En este caso se utiliza al poder judicial para criminalizar la labor y eso tiene un efecto bastante negativo, los efectos inmediatos para Pedro es sentirse con un bozal como se presentó en la denuncia”, aseguró Carrión.
De igual manera, el Cenidh afirmó que se dará seguimiento al caso de Altamirano y anunció que lo acompañarán durante el juicio que se desarrollará el 31 de enero a las 11 y media en León.
