[vc_row][vc_column][vc_column_text]“¿Qué es lo que quiere la gente? ¡Que se cierren las areneras!” Volvieron a entonar en las calles los pobladores Oro Verde, Ciudad Sandino, quienes decidieron retomar sus pancartas y parlantes, en esta ocasión, para plantarse frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir el cierre de las areneras que colindan con su comunidad, ya que no soportan las tolvaneras, enfermedades y la inminencia de un posible deslave.
Los pobladores de Oro Verde llevan más de un mes exigiendo el cierre de las areneras propiedad de fichas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Ciudad Sandino, sin que ninguna institución responda sus demandas.
Según denunciaron los pobladores, están cansados de las enfermedades que le causan las tolvaneras provocadas por las areneras que colindan con su barrio, puesto que se encuentran a menos de un kilometro de distancia del área habitada, además, temen un posible deslave porque los tanques de agua, construidos gracias a la cooperación de la Unión Europea, colapsen por la proximidad del barranco que cada día se hace más grande por el socavamiento que hace la maquinaria para extraer la arena.
Ante todos estos peligros han decidido que no cederán hasta que las autoridades del Gobierno de Daniel Ortega cierren estas minas de arena, propiedad Dulce Quintanilla y del concejal orteguista en Ciudad Sandino, Patricio Pérez.
Pérez confesó a Artículo 66, a través de una llamada telefónica, que no cuenta con permisos ni de la Alcaldía de Ciudad Sandino, ni del Marena ni del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para operar con maquinaria pesada en esa zona.
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“Están haciendo daño al medioambiente y a la vida. Estamos en zona de riesgo, estamos en peligro de un deslave, pero estamos solos (porque) fuimos a la Alcaldía a hablar con (el alcalde) Raymundo (Flores) y dijo que no podía hacer nada, entonces tenemos que menearnos porque es la vida de nuestras familias la que está en riesgo. Estamos desprotegidos es por eso que nosotros estamos agotando las últimas instancias”, afirmó Scarleth Sandoval, una de las pobladoras de Oro Verde, que participó en el plantón.
Los ciudadanos entregaron una carta de denuncia ante la PGR, dirigida al procurador general, Hernán Estrada, la que fue recibida por Liliam Mairena, verificadora técnica legal, en las que detallaron sus preocupaciones por el daño que han causado las areneras al barranco del cerro de Oro Verde.
Después de salir de la PGR, los pobladores se trasladaron al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), donde también denunciaron la afectación ambiental y el riesgo a la vida de las familias de Oro Verde. Los afectados reclamaron a las autoridades del Marena la falta de respuesta de esa institución, pese a que desde el 21 de febrero enviaron una carta dirigida a la ministra, María José Corea, solicitando el cierre inmediato de las dos areneras que colindan con Oro Verde, pero después de quince días no han sido notificados de ninguna acción para solucionar su problema.
Debido a la presión de los pobladores, que vinieron junto a estudiantes del colegio Sendero de Luz, tanto en la PGR como en el Marena les comunicaron que en una semana tendrían respuestas a sus solicitudes. En el caso del Marena, también les indicaron, según los denunciantes, que ya habían enviado el caso al Gobierno Central (oficina de Daniel Ortega y Rosario Murillo).
“Hoy nos atendió la compañera Liliam Moreira y ella nos dijo que tiene una semana para resolver el caso, el próximo miércoles vamos a esperar la respuesta de ellos. Ellos van a ir a las instancias correspondientes para coordinar el caso, esperamos que sea pronta la respuesta, ellos dijeron que tienen una semana”, detalló el director del colegio Sendero de Luz, Everth Marenco.
Los estudiantes de esta escuela son los más afectados y según sus maestros, los intensos polvazales han provocado que se incrementen los números de insistencias y de deserción escolar.
Los pobladores expresaron que si no les dan respuesta llegarán hasta las ultimas consecuencias con sus denuncias, porque agotarán todas las vías legales para conseguir que se respeten sus derechos a la vida, la salud, educación y a un medio ambiente sano.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
