[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Fiscalía General de Nicaragua no ha descansado de recibir denuncias contra tres personajes de la vida pública. Cinco grupos de mujeres de diferentes sectores de la sociedad civil han decidido presentarse, paulatinamente, a denunciar al presidente Daniel Ortega, al general Julio César Avilés y al jefe del sexto comando militar Marvin Paniagua por los delitos de asesinado y abuso de autoridad en el caso de la muerte de dos menores de edad de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur.
El nuevo grupo de cinco denunciantes siguen exigiendo a la Fiscalía que comience un proceso contra estos funcionarios, ya que pese a todas las suplicas y exigencias de Elea Valle porque le entreguen los cuerpos de sus hijos las autoridades no lo han realizado y muchos menos abierto un proceso contra los implicados en el crimen.
La masacre de La Cruz de Río Grande, perpetrada por el Ejército de Nicaragua, se registró el 12 de noviembre de 2017, en el evento fueron víctimas dos menores de edad Yojeisel Elízabeth Pérez de 16 años de edad y Francisco Alexander Pérez de 12 años, ambos hijos de la campesina Elea Valle.
Según las autoridades esos menores eran parte de la banda delincuencial apodada “El Colocho” a quienes aseguraron interceptaron en el Caribe Sur. Sin embargo, Valle lo ha negado rotundamente y exigido a las autoridades del Ejército y de la Policía Nacional que respete la memoria de sus hijos y que se los entreguen para darle cristiana sepultura.
Las cinco mujeres que este jueves 22 de febrero, después de más de tres meses de perpetrada la masacre, salen a denunciar son: Michele Najlis, Ariana Peralta, Marlene Álvarez, Patricia Lindo y Ninoska Paz. Ellas solicitaron a la Fiscalía una pronta respuesta, ya que otros grupos a inicio de febrero han interpuesto la misma denuncia, contra los mismos implicados y las autoridades aún no asumen ninguna postura.
La denunciante Michele Najlis, sobreviviente de la masacre ejecutada por la Guardia Nacional de Somoza en 1967 en la Avenida Roosvelt, aseguró que llegaron a las instancias de la fiscalía porque en este caso todos los nicaragüenses somo víctimas por las víctimas.
El que las autoridades del Gobierno de Daniel Ortega no entreguen los cuerpos y no se haga justicia en el caso para Najlis solo puede significar una “re victimizar a la víctima y la violación de los derechos. El maltrato a los derechos humanos se hace más severo (…) Ante un hecho en el que no se ha investigado a fondo y no se ha hecho justicia, las víctimas somos todos los nicaragüenses porque es una ruptura de un tejido social que toda nación necesita que este sólido”.
Las mujeres indicaron que más ciudadanas se seguirán presentando ante la Fiscalía General de Nicaragua hasta que las autoridades respondan a sus denuncias y le den respuesta a la madre de los niños masacrados.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
