[vc_row][vc_column][vc_column_text]Varias organizaciones políticas y sociales se movilizaron hasta las afueras del Consejo Supremo Electoral (CSE), para exigir que se realicen elecciones libres, justas y transparentes, que se restaure la institucionalidad y que se ejecute una investigación contra el presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, esto en el marco de la conmemoración del 51 aniversario de la masacre de opositores, dirigida por la dinastía Somocista en 1967.
La masacre ejecutada por la Guardia Nacional de Somoza ocurrió en 1967 en la Avenida Roosevelt, durante el cierre de campaña de la oposición nicaragüense que exigió, en ese entonces, elecciones libres y transparentes. Una de las sobrevivientes de esa barbarie de la dictadura es Michéle Najlis, quien fue parte de los representantes de la sociedad civil que llegaron al CSE a entregar una carta abierta en la que exigen, al igual que hace 51 años, restauración de la institucionalidad, investigación de Rivas y elecciones libres y competitivas.
Najlis narró que el 22 de enero de 1967 sobrevivió a los ataques de Somoza gracias a que Carlos Fonseca mandó a sacarla de la movilización, después se refugió durante un mes en la casa de Angélica Balladares de Arguello, mejor conocida como la madrina del Partido Liberal, y más tarde fue Fonseca quien necesitó quedarse ahí.
51 años después de aquel ataque contra una manifestación política por exigir un derecho, Najlis compara los estilos entre el régimen de Somoza y el actual sistema político encabezada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. “Desgraciadamente (el gobierno de Ortega) sí es una dictadura, pero de otro tipo”.
Los representantes de la sociedad civil agitaron banderas de Nicaragua en alusión a su exigencia de restauración de la institucionalidad. La activista y defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, con megáfono en mano, gritaba ¿Qué es lo que queremos?, a lo que respondían quienes le acompañaban: “elecciones libres y transparentes”.
Para esta activista de la sociedad civil la población debe enterarse de que “en nuestro país hay corrupción” y fustigó la protección que el gobierno de Ortega mantiene contra el presidente del Tribunal Electoral, Roberto Rivas, señalado por Estados Unidos como corrupto y violador de derechos humanos.
De igual manera, Castillo aseguró que el Estado de Nicaragua “no ha podido poner un alto a la corrupción, sino que son coparticipes con este silencio declarado”.
El constitucionalista y presidente del Movimiento por Nicaragua, Gabriel Álvarez afirmó que urge el cambio en todas las instituciones del Estado, especialmente, en el Consejo Supremo Electoral y adujo que la sociedad civil “rechaza cualquier intento que se esté planeando para hacer reformas cosméticas (en las instituciones) y que el poder político siga concentrado en manos del señor Ortega y Rosario Murillo”.
Operativo policial listo para reprimir
Cuando los representantes de la sociedad civil se dispusieron a entregar el documento a las autoridades del Consejo Supremo electoral se les colocó en la entrada principal un vigilante, junto a un agente de la Policía Nacional, que les aseguró que en el edificio central del Poder Electoral “no hay nadie que les pueda recibir (el documento)”, aduciendo que ese tipo de comunicaciones deben dejarse en la filial del CSE en Las Palmas.
Minutos después de terminado el plantón de opositores llegaron seis motorizados de la Policía Nacional, cuatro patrullas y dos microbuses atestados de antimotines. Las fuerzas de seguridad ingresaron a alta velocidad al perímetro del CSE para proteger el edificio.
Los efectivos del orden, con escopetas en manos, rondaron el portón principal de la institución en ademán intimidatorio. En el interior del edificio, los antimotines cargaban cajas de madera conteniendo arsenal lacrimógeno para disuadir cualquier intento de entrar por la fuerza.
Al sitio llegó el segundo jefe de seguridad pública, comisionado mayor Fernando Borge, quien ingresó sin dar detalles del nerviosismo policial, ni la razón para movilizar semejante operativo de antidisturbios, en una institución a la que un reducido grupo de ciudadanos solo intentaba dejar un pronunciamiento de página y media.
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