[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hoy se cumplen dos meses de la masacre de La Cruz de Río Grande, municipio ubicado en el Caribe Sur de Nicaragua, donde el Ejército se enfrentó el 12 de noviembre de 2017 a lo que ellos denominaron un «grupo delincuencial», resultando asesinados seis civiles, quienes fueron enterrados en una fosa común.
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Entre los muertos, estaba el cuerpo de Rafael Pérez Dávila, alias «comandante Colocho», presunto rearmado contra el Gobierno de Daniel Ortega y en la escena, también se encontraron sus dos hijos menores de edad, de 12 y 16 años, quienes además presentaban señales de tortura y según testigos, la asolescente presentaba signos de violación. En 2017, este caso fue el que generó más repudió a la ciudadanía, representantes organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
Elea Valle, esposa de Rafael Pérez y madre de los dos menores asesinados, no se ha detenido en su búsqueda de justicia. En este transcurso, se ha presentado ante las instituciones del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio Público reclamando le devuelvan los cadáveres de sus hijos para sepultarlos dignamente. A la fecha, su petición sigue sin respuesta.
La madre de los menores ha participado en marchas, ha denunciado su caso en medios de comunicación y ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En tres ocasiones, ha ido a la Policía Nacional en busca de que las autoridades le entreguen el cuerpo de sus hijos y de su esposo. Ha entregado dos cartas dirigidas a la jefa policial, Aminta Granera, para demandar información sobre el proceso de exhumación que esa institución anunció, a través de una nota de prensa emitida el 14 de diciembre de 2017, que realizarían. Todos sus esfuerzos han sido en vano.
Un caso que sigue en la impunidad
La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), culpa a la Policía, al Ejército y a la Fiscalía de guardar silencio en este caso y es por eso, según ella, que los asesinatos de La Cruz de Río Grandre continúan en la impunidad.
Por su parte, el general en retiro Hugo Torres, el silencio sobre este caso «es elocuente y denota lo oscuro que sigue siendo este caso. El silencio de este régimen demuestra que hay hechos que no se pueden esclarecer porque delatarían su propia delincuencia».
El Estado justificó las muertes ante la CIDH
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sostiene que Elea Valle, luego del caso de la Cruz de Río Grande, teme por su vida. Por ello, solicitó protección a la Policía Nacional, pero no recibió ninguna respuesta. Es por eso, que de acuerdo con la doctora Núñez, también solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Corte como parte del proceso solicitó al Estado de Nicaragua un informe y, según la presidenta del Cenidh, la respuesta que dieron no fue lo que esperaban.
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«El Gobierno de Nicaragua le dijo a la Corte que no se comprometen a nada. Anunciaron que van a realizar la exhumación, pero no dijeron cuándo y prácticamente justificaron las muertes diciendo que todos los que murieron en estas circunstancias eran delincuentes y que habían cometido una gran cantidad de delitos. Están ofendiendo la memoria de los hijos de doña Elea», afrimó Núñez.
«Estaban esperando que los cuerpos se descompusieran»
Para el general en retiro Hugo Torres, la demora en para que le entreguen los cuerpos a Elea Valle, quien ha reiterado su exigencia por estar presente al momento de la exhumanción, podría ser una estrategia para ocultar los signos de tortura y de violación que según testigos presentaban los dos menores de edad. Torres señaló que las autoridades lo que «estaban esperando (es) que los restos de los niños se descompusieran. A los 60 días de muerto, el cuerpo humano se descompone y solo queda el esqueleto. De tal manera que eso borra posibles torturas y violaciones que fueran cometidos por los autores del crimen».
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Elea Valle se encuentra todavía muy afectada emocional y físicamente por la muerte de sus hijos y su esposo. Y aseguraron que van a continuar luchando porque se haga justicia con el caso de la masacre de La Cruz De Río Grande.
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a esta senora si no fuera que la estan usando para fines politicos a la pobre ni con el ojo del pie la volveria a ver la tal aminta granera tal vewz de empleada o de lavandera la tuviera , que triste que esta senora no vea como esta siendo usada