[vc_row][vc_column][vc_column_text]Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino, y Mónica López Baltodano, asesora legal de esa organización, denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la campaña de agresiones que el Gobierno de Nicaragua ha venido ejecutando en su contra. Ramírez y López afirmaron que han intentado desprestigiarlas ante la base del campesinado que habita en la ruta del canal al presentarlas «como infiltradas y agentes de conspiración a favor del orteguismo para provocar confusión, desaliento y hostilidad».
En rueda de prensa y escoltadas por unos 25 campesinos, Ramírez y López explicaron ante el Cenidh que parte de la estrategia oficialista incluye la «divulgación de documentación difamatoria, campaña de convencimiento hacia líderes territoriales, acciones de desinformación, propagación de rumores, intervención de líneas telefónicas, envío de mensajes falsos y alarmantes en nombre de las defensoras de derechos humanos de los campesinos». Además, aseguraron que el Gobierno está tratando de «golpear la unidad, debilitar y desarticular al Movimiento Anticanal» generando crisis para desprestigiar el liderazgo de Ramírez.
Según Ramírez, ninguna organización partidaria ha financiado su lucha. «No tenemos interés alguno en el dinero», dijo la líder campesina. Ramírez resaltó que el dinero que usan para impulsar la derogación de la Ley 840 es producto de la venta de gallinas y cerdos, y manifestó con aplomo que «el canal no va» porque los campesinos lucharán hasta el fin para defender su derecho a la tierra.
Por su parte, la abogada de los campesinos proclamó que ellas no les «tienen miedo al Gobierno y a sus agentes» e indicó que seguirán con la lucha hasta lograr que se deroguen la Ley 840 y los contratos vinculados a la concesión canalera. Ramírez y López señalaron como «responsables de cualquier agresión a su integridad física al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, (quienes) son los principales responsables de los daños (a su) integridad moral por las campañas que lanzan intentando crear las condiciones para una agresión física».
La presidenta del Cenidh, Vilma Nuñez, declaró que la posición de ese organismo es la «condena enérgica» y anunció que harán todo lo posible para detener o, por lo menos, evidenciar las represiones del Gobierno de Nicaragua.
Núñez aseveró que todas esas amenazas y difamaciones implican «riesgos para la integridad de las personas, riesgos para la vida y pueden provocar la ira de gente que, lamentablemente, está fanatizada y pueden emprender acciones violentas en contra de estas mujeres que solo buscan defender los derechos de los campesinos». Para la titular del Cenidh, el Gobierno de Ortega «es tan cobarde que no actúa directamente», sino que usa intermediarios y otros métodos que «tienen como propósito intimidar y violar los derechos (de los nicaragüenses)».
A pesar de saber que «no tendrán respuestas», la doctora Núñez le demandó a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, que garantice la seguridad ciudadana, ya que Francisca Ramírez y Mónica López «están en riesgo». De acuerdo con Núñez, el Cenidh expondrá en instancias internacionales la situación que dichas defensoras de derechos humanos enfrentan con el propósito de que, por medio de cartas, estos organismos le exijan al Gobierno que les brinde la seguridad requerida.
El Cenidh le solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a favor de López Baltodano para obligar al Estado a responder por su integridad. La doctora Núñez refirió que, aunque Francisca Ramírez ya goza de esas medidas, hasta ahora, el Estado ni siquiera la ha citado para conocer sobre el riesgo que enfrenta.
En 2018 trazarán «La ruta de la arrechura»
Las denunciantes aprovecharon para informarle a la población nicaragüense que el próximo año implementarán una campaña nacional llamada «La ruta de la arrechura», que consiste en visitar territorios, registrar e intercambiar las experiencias de lucha, realizar trabajos comunicacionales e impulsar acciones conjuntas desde el Movimiento Campesino Anticanal con el objetivo de fortalecer —mediante el conocimiento y estudio— las demandas en el campo y la ciudad sobre el proyecto canalero.
Lea íntegra la denuncia
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