[vc_row][vc_column][vc_column_text]Luego de 12 días del enfrentamiento entre miembros del Ejército de Nicaragua y un supuesto grupo de rearmados en una comunidad de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, donde fueron asesinados dos menores, la institución castrense no se ha pronunciado públicamente sobre estas muertes.
La campesina Elea Valle denunció públicamente el asesinato de sus dos hijos y exige la entrega de sus cuerpos para sepultarlos dignamente.
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Varios sectores de la sociedad nicaragüense le demandan una explicación al Ejército. La socióloga Sara Enríquez, miembro del colectivo Mujeral en Acción, de León, cataloga como mecanismos de terror estos asesinatos. «Estamos conmovidas, indignadas ante esta injusticia. Lo que me queda claro es que al campesinado empobrecido es a quien las dictaduras pasan la cuenta. Y hacen estos actos para meter miedo para paralizar a cualquier alzamiento en armas, pero llevándose por delante a niños, niñas, adolescentes», denunció Enríquez.
Mujeral en Acción marchó este viernes en León por el caso de Elea Valle. “Debemos de sensibilizar a la población y hacer conciencia. Que todos seamos un reclamador de justicia, de no violencia, y vamos a aprovechar el Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres para reclamar la erradicación de esta y otros tipos de violencia”, remarcó la feminista.
PLC pedirá explicaciones
El diputado liberal Walter Espinoza Fernández, vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, expresó su preocupación por este tipo de casos: «Es muy lamentable este suceso. Nosotros como bancada estamos buscando una explicación creíble porque los asesinatos que perpetró el Ejército de Nicaragua deben de tener una explicación».
De igual manera, señaló que como bancada van a pronunciarse y pedir información sobre este caso. «Estamos solicitando, a través de la Comisión, al titular del Ministerio de Defensa que se presente ante la Comisión de Paz y Gobernación para que nos den una explicación amplia de lo sucedido», aseguró el parlamentario.
«Es un femicidio»
Así lo segura la activista Magaly Quintana. «Es un femicidio más en este país, cuyos responsables son los miembros del Ejército que estaban en esa zona. Por la saña brutal con que mataron a esta criatura, una jovencita que fue violada, que la hayan colgado y que después le hayan disparado para justificar no es más que una de las máximas expresiones machistas en esta sociedad», argumentó Quintana, quien pertenece al grupo Católicas por el Derecho a Decidir.
Según Elea Valle, su hija presentaba señales de violación, ahorcamiento y un balazo en el vientre, mientras que su hijo tenía señales de tortura, apuñalamiento y orificios de bala.
Católicas por el Derecho a Decidir y otros grupos feministas anunciaron que marcharán para exigir justicia por las muertes en La Cruz de Río Grande. «En la marcha de este 25 de noviembre, una de nuestras demandas será que detengan la represión contra los campesinos en este país, que, en definitiva, este Gobierno nos está llevando al total pasado. Este hecho refleja cómo, de una u otra forma, se ha venido consolidando esta dictadura», afirmó Quintana.
Repiten la historia de la Guardia Somocista
Para el exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, el Ejército está retrocediendo en cuanto a derechos humanos. «Esta es una situación sin precedentes. La sociedad nicaragüense no debe aceptar que, en un enfrentamiento armado, se llegue a ese grado de saña si es que el Ejército quiere ser profesional. Si querés que te califiquen como la guardia de Somoza en sus últimos momentos, eso ya es otra cosa», concluyó el miembro del Movimiento Renovador Sandinista.
Autoridades no reciben denuncia
Este 23 de noviembre, una comisión del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) acompañó a Elea Valle a interponer la denuncia en la Policía Nacional por la muerte de sus dos hijos; de igual manera, fueron a otras instituciones para denunciar lo ocurrido y exigir la entrega de los cadáveres.
«Fuimos a la Fiscalía, Policía y al Ejército, pero no nos recibieron. Entregamos el testimonio y el reclamo de los cadáveres, firmada por ella y por el Cenidh. Nosotros dejamos la comunicación, pero ninguna autoridad la recibió. Se la enviamos a la fiscal general, Julia Guido; Aminta Granera, primera comisionada de la Policía; y al Ejército, donde no recibieron la carta formalmente. Vamos a solicitar medidas cautelares urgentes a nivel internacional porque su vida está en riesgo en términos de salud, ella no está bien», informó Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Cenidh.
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