El Informe «Dictadura y represión en Nicaragua: Lucha contra la impunidad» registra y analiza las violaciones masivas de los derechos humanos del régimen Ortega-Murillo desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Además, establece que en Nicaragua se vive en un estado policial de excepción. «Son más de tres años de incesante trabajo de apoyo a las víctimas y documentación de las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua», dijo Vilma Núñez, defensora de derechos humanos.
El abogado Boanerges Fornos,de Acción Penal, manifestó que Daniel Ortega articuló una serie de estructuras en el Estado como perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, entre ellos: la Policia, paramilitares, Sistema Penitenciario, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todo el aparato judicial que «fabrica los casos» y enjuicia a los opositores.
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«Los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen y las graves violaciones a los derechos humanos se produjeron con garantía de total impunidad, vulnerando los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad nicaragüense en general», aseveró Fornos.
Dictadura apuesta a la impunidad para salir de la crisis
La comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que Nicaragua no podrá salir de la crisis si esto supone la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo nicaragüense.
«Si la estrategia de las autoridades estatales nicaragüense es dotarse de elementos de negociación para conseguir sortear negociadamente la crisis de derechos humanos; así como la condena y sanciones internacionales que enfrentan… ese tipo de planes, además de ser contrario al derecho internacional, no producen resultados estables, ni arreglos institucionales sostenibles».
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Por su parte, Tamara Tarasiuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, explicó que el régimen de Nicaragua continúa con un sistema de represión selectiva, hostigar y vigilar a quienes critican al Gobierno, algunas terminan en detenciones arbitrarias, allanamientos y agresiones.
El Poder Judicial es un «instrumento de represión»
Jimena Reyes, responsable de las Américas en la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), manifestó que el régimen Ortega-Murillo construyó un Poder Judicial parcial y sometido completamente a la pareja presidencial.
«Además de la denegación de justicia de los familiares de los asesinados, el Poder Judicial se ha transformado en un instrumento de represión y tortura para todos los presos políticos», afirmó.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que este informe es inédito, un instrumento de memoria, verdad y consolidado con evidencia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura nicaragüense y las violaciones a los derechos humanos.
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«Nicaragua está en manos de un régimen despiadado, sangriento que ha puesto al descubierto, una y otra vez, su intención de silenciar, castigar y someter al pueblo nicaragüense a un periodo sombrío en donde las violaciones a los derechos humanos,lamentablemente, se han convertido en la norma», dijo Guevara.
Informe para preservar la memoria
El documento fue elaborado por 15 organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y víctimas de violación de derechos humanos. En total, 3 mil 850 personas han sido detenidas desde el inicio de la crisis en abril de 2018.
«Todo esto no ha sido investigado ni castigado por el Estado, el antecedente es la concentración de poder de Daniel Ortega y la degradación del Estado de Derecho desde hace dos décadas, con el pacto Alemán-Ortega», afirmó Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
El informe «sirve para preservar la memoria, fortalecer la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación de víctimas y familiares, así como de la sociedad» nicaragüense.