El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que «lo que va a suceder pronto en Nicaragua son elecciones falsas organizadas por una dictadura».
Las declaraciones fueron dadas tras un Consejo de ministros de Asuntos Exteriores, en Luxemburgo, en el que abordaron la “situación en Nicaragua”. Los ministros pidieron a Borrell, que empiece a preparar una serie de medidas contra Nicaragua, que podrían incluir sanciones.
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El régimen Ortega-Murillo protestó ante los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el próximo, 20 de octubre, debatirán sobre la situación de Nicaragua.
Mediante un comunicado, la dictadura manifestó que «es inadmisible que otros Estados juzguen a otro pueblo libre», por tanto, «rechaza» la reunión y declara que no participará en la misma por considerarla «ilegítima».
El grupo político Hagamos Democracia, junto con grupos de exiliados y miembros de la diáspora nicaragüense en Costa Rica, impulsan un proyecto dirigido a incidir en la comunidad internacional para que declare «ilegítimas» las elecciones en Nicaragua.
En un comunicado, manifestaron que los exiliados podrán conocer del «inerte diálogo nacional» que la dictadura de Daniel Ortega pretende vender, así como «la falsa reactivación económica, y de las elecciones carentes de legitimidad».
Mientras daba declaraciones a medios de comunicación, el jefe del Ejército de Nicaragua, general sancionado Julio César Avilés, aprovechó para insinuar que los nicaragüenses deben de votar por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
En sintonía con el discurso gubernamental, Avilés manifestó que«no habrá desarrollo ni bienestar» en el país, mientras existan personas que «apuntan» a escenarios de violencia; señalamientos que el régimen hace a los opositores y a presos políticos.
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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció «el grave deterioro de la salud física y emocional» en la que se encuentran los opositores, encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote».
La organización reiteró su llamado a la Cruz Roja Internacional para que logre asistirlos y «salvarles la vida» a este grupo de presos y a las más de 100 personas que el régimen tiene tras las rejas en el contexto de las protestas sociales de 2018. Según familiares, los presos políticos sufren torturas sicológicas, malos tratos y desnutrición.