Ley para vetar candidaturas de opositores a cargos públicos entra en vigencia

La denominada «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» que intenta vetar la candidatura de la oposición política del país entró en vigencia este martes, 22 de diciembre, al ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial, un día después de su aprobación en la Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante.

«Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán «Traidores a la Patria», por lo que no podrán optar a cargos de elección popular,  esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los «Actos de Traición», los «Delitos que comprometen la Paz» y  los «Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua», señala el único párrafo.

La nueva ley fue aprobada en sesión extraordinaria con carácter de urgencia, luego que el régimen de Daniel Ortega, en su premura de cara a las elecciones generales de 2021, interrumpiera el receso parlamentario para aprobar una serie de leyes que incluían la normativa discriminatoria.

La iniciativa fue enviada el viernes, 18 de diciembre, por los operadores del presidente Daniel Ortega, y fue incluida en agenda a lo inmediato por la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, en una movida para concretar las ansias del Ejecutivo de apartar del frente a toda competencia de cara a las elecciones de noviembre de 2021, bajo el argumento de considerarlo como «tradidor de la Patria», «terrorista», «golpista», financiador del «terrorismo» y/o quien celebre sanciones contra el régimen.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, declaró que la ley es opuesta a la reforma electoral y es otro intento burdo de Ortega por mantenerse en el poder.

Esta ley se suma a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que también permite a la dictadura definir quién es considerado un «agente extranjero» y con ello también quedan imposibilitados de competir por cargos de elección popular.