Dictador Ortega es el mayor represor de las ONG en la historia de Nicaragua

Daniel Ortega, quien junto a su movimiento guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ahora convertido en partido político, llegó al poder apoyado por los movimientos de la sociedad civil, es ahora el mayor represor de estas organizaciones no gubernamentales, según reveló un informe presentado desde Costa Rica por la activista Ana Quiroz, costarricense nacionalizada nicaragüense pero despojada de su nacionalidad por convertirse en crítica del régimen.

Según el estudio de Quiroz, aunque los últimos gobiernos de Nicaragua han visto a las ONG como organizaciones opositoras y han ejercido distintos mecanismos para reprimirlas, fue el Gobierno de Daniel Ortega que desde el año 2007 desarrolló una política hostil hacia la participación ciudadana y las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), «violentando la Ley 475  de Participación Ciudadana y cerrando los espacios de diálogo y concertación entre el Estado y los espacios de Sociedad Civil, limitando también la colaboración y las acciones conjuntas con todos aquellos grupos que consideraran críticos y no dispuestos a seguir sus orientaciones».

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«En septiembre del 2007, iniciaron campañas de difamación contra las organizaciones de mujeres y hubo intentos de criminalización de nueve lideresas feministas, acusándolas del delito de apología del aborto ante la penalización absoluta. Para ello, utilizaron a supuestos dirigentes de una organización civil para que introdujeran una denuncia que generó una investigación de más de un año por parte del Ministerio Público que no condujo a una acción judicial penal por tratarse de una acusación infundada», indica el informe.

Agrega el estudio que a partir del 2008, un año después de la llegada al poder de Ortega, la situación se agudizó con investigaciones a diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres hasta llegar a la acusación infundada de blanqueo de fondos a cinco oenegé, que se manifestó con el allanamiento del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), y la ocupación de equipos y documentos por parte del Ministerio Público durante varios meses.

Posteriormente, siguieron otras acciones represivas como acoso, requerimientos arbitrarios de información por parte de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones (DRCA), visitas, investigaciones y multas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la Dirección General de Ingresos y hasta de Aduana. Continuaron acusaciones públicas sin fundamento por parte de diversas instancias gubernamentales como el Ministerio de Gobernación, Cancillería, Presidencia y Ministerio Público -entre otros- que finalmente no se concretaron. La represión e intimidación también la realizaron a través de la retardación en la entrega de constancias de cumplimiento a las organizaciones.

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«Durante estos 12 años (a partir del 2008), las organizaciones, particularmente las feministas y defensoras de derechos humanos, han enfrentado frecuentes actos de persecución. Ha habido atentados contra el derecho de asociación como, hostigamiento de instituciones tributarias, requerimientos discrecionales de la DRCA, investigaciones y multas del INSS, retenciones de donaciones o equipos por la Dirección General de Aduanas (DGA), demoras en la entrega de certificados de cumplimiento o cartas de legalidad, cancelación de las frecuencias de radios comunitarias propiedad de organizaciones civiles y confiscaciones de equipos por autoridades de telecomunicaciones (TELCOR)», reza el informe.

Después del 2018, máxima represión

Quiroz, en su estudio afirma que luego de la insurrección cívica de abril 2018, el gobierno aumentó sus ataques contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, acusándolas de financiar y organizar lo que el régimen llamó intento de un golpe de Estado y con esa justificación arreciaron los hostigamientos, ataques, vigilancias y amenazas en contra de líderes e integrantes de organizaciones, así como sus campañas de desprestigio y estigmatización en medios oficiales y redes sociales.

La máxima expresión de la represión contra las organizaciones de la sociedad civil que no eran bien vistas por el régimen se dio con la cancelación de personerías jurídicas, allanamiento y expropiación de bienes a nueve ONG. Las oficinas de estas organizaciones fueron ocupadas por la Policía y literalmente saqueadas.

«En la madrugada del 13 y 14 de diciembre, por decreto, el Ministerio de Gobernación, violentando procedimientos y la propia Ley 147, se ordenó ocupar policialmente los bienes a las 9 organizaciones despojadas de su personalidad jurídica y la Policía allanó, saqueó y ocupó sus instalaciones y bienes, con excepción de una de las organizaciones que recientemente había trasladado sus oficinas. En el caso del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), allanaron y ocuparon el edificio donde operaba el medio de comunicación Confidencial, los Programas Esta Noche y Esta Semana, a pesar que se sabía que sus oficinas estaban en otro edificio», documenta el estudio.

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Entre las organizaciones jurídicamente desaparecidas por la dictadura Ortega-Murillo se cuentan El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), el Instituto Para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Hagamos Democracia, Fundación Para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación del Río), el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal.

«La nueva estrategia del Estado parece orientada a provocar la muerte civil de las organizaciones, particularmente 13 organizaciones de mujeres defensoras, con más de 25 años de trabajo que reportan que finalizaron el 2019 sin recibir el Certificado de Legalidad necesario para operar, aunque han cumplido con sus obligaciones legales. Esta negativa las mantiene en la ilegalidad, les expone al cierre de cuentas bancarias y les imposibilita acceso a cooperación», advierte el documento.

Asimismo, Quiroz, en su estudio, advierte sobre las leyes que ha venido formulando el régimen con el fin de criminalizar a las organizaciones civiles. Entre esas leyes se cuenta Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esa Ley faculta a la Superintendencia de Bancos, y al gobierno a controlar aún más el funcionamiento de las organizaciones.

«En el marco de represión, persecución y criminalización de las protestas, este tipo de disposición se presta a perseguir y castigar hechos y acciones como terrorismo o lavado de fondos de una manera antojadiza y para hostigar a las organizaciones de sociedad civil independientes, violentando aún más el derecho de asociación, de expresión y de organización», sostiene Quiroz en el informe.

Finalmente, el conclusivo del estudio realizado por CISAS, recomienda que en Nicaragua se debe restablecer el derecho a organizarse y asociarse sin restricciones dentro del marco que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución de la República de Nicaragua, el Código Civil, asimismo que cese la persecución y acoso a las OSFL, y que se reconozca el derecho de las personas defensoras de derechos humanos y de la ciudadanía para incidir en políticas públicas.

Que «se restituyan la personalidad jurídica, los números perpetuos, los bienes, equipos y documentos incautados a las organizaciones afectadas, derogando los decretos correspondientes. Que se deje de utilizar arbitrariamente las leyes e instituciones estatales como instrumento para la represión, acoso y persecución de quienes se oponen al régimen», dice el estudio de CISAS.