A través de una carta, siete senadores estadounidenses urgieron al secretario de Estado, Mike Pompeo y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aplicar sanciones a funcionarios del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República, por estar involucrados en las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses.
Los funcionarios norteamericanos refieren que la mayoría de los miembros del Poder Judicial actúan como un «brazo político» del régimen de Daniel Ortega y aseguran que «la Fiscalía y los jueces bajo la influencia del Partido FSLN de Ortega han facilitado y respaldado los abusos cometidos por pro- grupos gubernamentales y la Policía Nacional contra manifestantes y sus partidarios».
Los senadores refieren que las sanciones impuestas anteriormente a 15 funcionarios de alto rango y seis entidades ligadas a la dictadura, entre ella la Policía Nacional, estos esfuerzos no son suficiente, por lo piden más sanciones contra estos individuos que están «directa o indirectamente involucrados en violaciones graves de los derechos humanos».
«Creemos que nuestra política de sanciones debe estar conectada a una estrategia diplomática más amplia con respecto a Nicaragua. En este caso, es importante que los miembros del Poder Judicial nicaragüense entiendan que, a menos que cambien de rumbo y actúen como ejecutores neutrales de la ley y respeten las normas democráticas, la comunidad internacional los responsabilizará y rendirá cuentas por sus acciones.», refieren los legisladores.
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Entre los siete senadores que firmaron la petición figuran; Ted Cruz, Marco Rubio, James E. Risch, Christopher S. Murphy, Benjamin L. Cardin, David A. Perdue, James Lankford, quienes aseguran que a dos años de la represión del régimen orteguista «los nicaragüenses no han encontrado justicia para las más de 320 personas asesinadas y los casi 800 arrestados arbitrariamente por el régimen».
Asimismo aseguran que cuentan con todas las pruebas condenatorias para poder sancionar a estos altos miembros de la dictadura, quienes son acusados por los legisladores de llevar a cabo procesos ilegales contra opositoes y por otro lado «no han logrado responsabilizar a los grupos progubernamentales por sus crímenes».
El 22 de mayo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalván.
A ambos funcionarios, el Gobierno de Donald Trump los señala de apoyar al «corrupto régimen de Ortega». Con esta medida, aumenta la presión contra la dictadura sandinista y, en especial, contra la institución castrense que pese a la represión desatada en 2018 de la que se dice que el Ejército fue partícipe hasta a la fecha esa entidad se mantenía intocable.
Más temprano que tarde estos estúpidos danielistas tendrán q pagar x sus crímenes. No se puede quedar en la impunidad todos los asesinatos y crímenes q han cometido desde los años 80 hasta el día de hoy
Celebraré como loco el día que el último nica de la tierra expire